La corrupción es un cáncer que se ha expandido en Panamá y necesita ser eliminado. El caso del “Vale Digital” ejemplifica la magnitud del problema. Un programa diseñado para aliviar el sufrimiento de miles de familias durante la pandemia terminó convertido en botín de intereses particulares. Hay que dimensionar lo que hace la corrupción: cada dólar robado es una escuela cerrada, un hospital colapsado y sin insumos, un derecho arrebatado. La corrupción en Panamá es estructural y transversal. Lo confirma la última encuesta Vea Panamá de este diario: 33,9 % de los ciudadanos la identifica como su mayor preocupación, muy por encima del desempleo y el alto costo de la vida. El mensaje es claro: el pueblo está cansado. Pero no basta con detenciones. La justicia debe avanzar hasta sus últimas consecuencias con sanciones ejemplares. La corrupción debe considerarse un delito de máxima gravedad, imprescriptible, porque destruye el presente y hipotecará el futuro. Combatirla no es un asunto exclusivo del Ministerio Público. Es un tema de país. Requiere voluntad política en la Asamblea, transparencia y celeridad de la Contraloría, fiscalizaciones rigurososas en el sistema bancario y, sobre todo, un compromiso ciudadano que no tolere la impunidad. Por otro lado, el Estado debe dotar de recursos suficientes al Ministerio Público para investigar y litigar con independencia. La corrupción no se combate con discursos, sino con instituciones fuertes, procesos transparentes y castigos que disuadan. No hay tiempo que perder: un país donde la corrupción se normaliza, es un país condenado a la desigualdad perpetua.

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