Transparencia y derecho a la información

La implementación de la Ley 6 del 22 de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, representó un paso importante en la larga lucha por el manejo correcto de los recursos de la Nación, que pertenecen a todos los panameños. En ese momento, algunos actores políticos y del sector privado intentaron frenar el avance de la norma, la cual se convirtió en una herramienta que permitió iluminar, aunque parcialmente, la opacidad de las instituciones: histórico botín de los negocios de los gobernantes de turno. La resistencia de entonces a entregar información —que por ley debe ser de dominio público, tanto en autoridades nacionales como locales— lamentablemente persiste. Se manifiesta ya sea en un incumplimiento flagrante o en la aplicación selectiva de resquicios de la norma, para justificar como “acceso restringido” datos que la ciudadanía tiene pleno derecho a conocer. Vienen proyectos de gran envergadura que implicarán el uso cuantioso de fondos públicos, recursos que deben destinarse exclusivamente a los intereses y al bienestar de la mayoría de la población. Por tanto, el estricto cumplimiento de la ley constituye la demanda mínima que la ciudadanía espera de quienes gobiernan. Esto aplica para el Ejecutivo, Asamblea, los gobiernos locales, el Órgano Judicial y todas las entidades públicas. En un contexto de degradación de la calidad de vida de la gente y de incertidumbre económica en el país, cumplir con la transparencia es un deber moral ineludible. Cualquier uso indebido o negligente de los fondos públicos no es otra cosa que una traición al pueblo.