Orden en el sector eléctrico

La decisión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de imponer una multa de 18 millones de dólares a las empresas eléctricas que operan en el país por incumplimientos graves en los estándares de calidad del servicio a los clientes constituye un mensaje importante para la institucionalidad nacional. Panamá es una nación que, históricamente, ha estado abierta a la llegada del capital extranjero y mantiene una cultura de respeto a la libre empresa, lo que refleja el clima de inversión que aún conserva el país, pese a las tempestades económicas que se ciernen sobre el mundo. Sin embargo, esa apertura no puede interpretarse como una carta blanca para que cualquier compañía incumpla las leyes nacionales o, peor aún, abuse de los ciudadanos mediante prácticas que distan mucho de una relación armoniosa entre el sector privado y la sociedad. En un Estado de derecho, las empresas que consideren que estas medidas son injustas tienen pleno derecho a reclamar y solicitar su revisión ante las instancias correspondientes. Lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es el abuso del bolsillo de los panameños, especialmente cuando algunas de estas empresas ofrecen un servicio que está lejos de alcanzar los estándares de calidad que merecen los usuarios. La ASEP, entidad que históricamente ha sido señalada por mantener una actitud complaciente con las empresas incumplidoras, parece estar asumiendo, al fin, su papel en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad.