La permanencia de Panamá en las listas de la Unión Europea ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un ejercicio de hipocresía geopolítica. La respuesta del Ejecutivo, al restringir la participación de empresas europeas en licitaciones públicas, no es un arrebato retórico, sino una medida de retorsión necesaria frente a un bloque que exige transparencia mientras castiga con sesgo. Si bien la libre competencia es el motor del desarrollo, no se puede invitar a la mesa a quien, de antemano, desprestigia al anfitrión. La diplomacia panameña ha cumplido con la arquitectura legal requerida, pero Bruselas insiste en mover la meta. Ante esta ceguera selectiva, el país debe entender que la cortesía tiene un límite: el interés nacional. Panamá no puede seguir siendo el patio de recreo para las multinacionales de un continente que nos etiqueta como parias financieros. Si la revisión de octubre no arroja justicia, el mensaje debe ser inflexible: no habrá contratos para quienes nos niegan el reconocimiento de nación cumplidora. La soberanía no se mendiga; se ejerce con la billetera del Estado sobre la mesa.