En el segundo país más desigual de la región, Panamá parece caminar a ciegas. Con casi la mitad de su población en la informalidad, el Estado no cuenta con estadísticas actualizadas sobre desempleo, pobreza ni ingresos fiscales. No es un detalle técnico: es la base para diseñar políticas públicas responsables. Sin datos confiables y oportunos, se gobierna por intuición. La cifra oficial de desempleo, 9.5 % en 2024, según el INEC, aparece desfasada frente a una realidad marcada por cierres, contracción y precariedad laboral. Economistas advierten que la tasa podría rondar los dos dígitos, pero hoy no hay cómo comprobarlo. Lo mismo ocurre con sectores clave como el industrial y el agropecuario. El retraso en la publicación de estadísticas es el más pronunciado en años y coincide, de manera preocupante, con una coyuntura económica compleja. En paralelo, las mediciones de pobreza también están rezagadas. Panamá figura como el segundo país más desigual de América Latina, según la Cepal, mientras se reducen o modifican subsidios en medio de estrecheces fiscales. Sin cifras recientes, resulta muy difícil evaluar el impacto real de estas decisiones sobre los hogares más vulnerables. Los reportes de recaudación tributaria están incompletos y atrasados, en un contexto donde la evasión y la inequidad fiscal erosionan las finanzas públicas. La transparencia estadística no es un lujo académico: es un deber democrático con la sociedad. Sin información actualizada, la planificación se vuelve improvisación y la rendición de cuentas, una promesa vacía.

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