Política de agua

La crisis del agua en Panamá hace muchos años dejó de ser un problema ligado a una temporada o a regiones específicas del país para convertirse en un problema crónico y presente en todo el territorio, con prioridad de primer orden. La renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, y el anuncio de crear una nueva figura que fiscalice a la institución marcan un episodio más de una larga espera por una política de Estado en materia de agua. El gobierno no aclara cómo ni en qué condiciones funcionará esta figura “fiscalizadora” del Idaan, ni tampoco cómo esta medida va a atender los problemas administrativos, presupuestarios y de gestión que tiene la institución. Pero reducir el problema a un asunto de vigilancia institucional sería simplificar una realidad mucho más compleja. Durante décadas, el sistema de agua potable ha sufrido los efectos de la improvisación, la falta de planificación y la utilización política de la institución. El Idaan ha sido tratado muchas veces como un botín político, donde los cambios de gobierno implican cambios de dirección y de prioridades, sin una visión de largo plazo. El país necesita algo más que reemplazar directores o crear nuevas figuras de control. Panamá requiere una política hídrica integral que garantice el acceso al agua como un derecho humano. Esto implica inversiones sostenidas en infraestructura, protección de las cuencas, planificación urbana, modernización del sistema de distribución y, sobre todo, una institucionalidad técnica y despolitizada. Todo eso el país ya lo sabe; la pregunta es: ¿Qué esperan las autoridades para actuar? Ya no hay excusas; la ciudadanía solo espera respuestas eficientes y concretas.