Una deuda que supera los $70 millones reclaman a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), los productores de arroz de la región...

El país entra en su segunda semana de protestas cuando los reclamos contra la Ley 462 que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), la firma del memorandúm con Estados Unidos y la posibilidad de reabrir la mina, se han convertido en los ejes centrales del malestar de distintos sectores de la sociedad. Estos problemas, algunos de ellos arrastrados por décadas, se suman a los desafíos estructurales de falta de agua, desempleo, desigualdad e inseguridad, lo que hace aún más importante la necesidad de establecer espacios de confluencia que permitan bajar las tensiones. En este complejo momento en que vive Panamá, es el Gobierno nacional el que tiene la capacidad de llamar a las fuerzas del país a un diálogo para atender estos problemas en democracia e incluir las preocupaciones de todos los sectores. Partir de descalificaciones y cerrar las puertas a toda conversación desde el poder es una estrategia que históricamente no ha dado frutos en la era postinvasión, por el contrario, provoca mayor desconfianza hacia los gobernantes. El uso de las fuerzas de seguridad para sofocar el descontento ciudadano no es el camino. Nada que sea impuesto, venga de cualquiera de las partes, nos llevará a una solución duradera y democrática. Señor presidente, es hora de bajar las tensiones y tender puentes urgentes de diálogo antes de que la situación empeore.