Reformas electorales de cara al país

Que las dirigencias políticas se reúnan para discutir las reformas electorales es, en principio, positivo. El diálogo y la búsqueda de consensos son necesarios para mejorar las reglas que regirán las elecciones de 2029. Sin embargo, preocupa que estos acercamientos puedan terminar convirtiéndose en espacios restringidos, donde unos pocos partidos decidan sobre el futuro democrático de todos. La ausencia de otras voces en la reunión en el Partido Popular, donde estuvieron todos los partidos tradicionales, con la ausencia de colectivos con representación parlamentaria y de agrupaciones en formación, plantea interrogantes sobre la amplitud de esta discusión. También resulta cuestionable que se desconozcan o releguen los aportes de la sociedad civil que participó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Lo ocurrido durante el primer debate legislativo debe servir de advertencia, pues allí quedó de manifiesto una discusión sin nivel y orientada a satisfacer las agendas de cúpulas específicas, en detrimento de la democracia. Las reglas electorales no pueden modificarse mediante negociaciones cerradas ni responder a los intereses particulares de quienes han convertido la política en un mecanismo para mantener su cuota de poder. Mucho menos pueden quedar condicionadas por pactos que históricamente han mantenido de rehén a la ciudadanía y debilitado las instituciones. El debate debe ser verdaderamente nacional. No basta con televisar las discusiones: es indispensable regresar el proyecto a primer debate, abrir espacios efectivos de participación ciudadana y garantizar que las observaciones sean tomadas en cuenta. Después vendrá una fiscalización rigurosa de cada modificación para evitar la degeneración de las reformas. Panamá necesita cambios que fortalezcan la democracia, no disposiciones diseñadas para perpetuar privilegios, clientelismo y ventajas electorales. Las reglas del juego deben servir al país, no a quienes pretenden repartírselo como un pastel.