La regulación de las plataformas digitales de transporte y reparto es un paso necesario para ordenar un sector que ha crecido con rapidez y que hoy forma parte esencial de la movilidad y el comercio urbano. La existencia de reglas claras es parte de la seguridad jurídica, promueve una competencia más equilibrada y permite que el Estado supervise aspectos básicos como la calidad del servicio, recaude impuestos y proteja a los usuarios. Sin embargo, regular no debe confundirse con asfixiar. La normativa debe evitar que estos modelos de negocio se vuelvan inviables o que los costos se trasladen de forma excesiva a los consumidores y a los negocios que los utilizan. El país necesita un equilibrio: ni desregulación total ni cargas que desnaturalicen la innovación que estas plataformas han introducido en la economía. En paralelo, persiste una discusión urgente sobre la situación laboral de quienes prestan servicios a través de estas plataformas. Reportes de inconformidad, reducciones de tarifas y conflictos recientes evidencian la necesidad de una mediación efectiva por parte de las autoridades. Urge una intervención institucional para evitar abusos, garantizar condiciones mínimas justas y atender también el impacto que estas tensiones tienen sobre restaurantes y pequeños comercios. Aún estamos lejos de contar con un marco moderno que reconozca la nueva economía digital sin ignorar los derechos de quienes participan en ella. Regular sí, pero con sensatez: protegiendo a los trabajadores, cuidando a los usuarios y sin frenar una herramienta que ya es parte de nuestro día a día.

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