Reparar las calles exige eficiencia y transparencia

El Ministerio de Obras Públicas tiene una tarea que no admite demora: recuperar una red vial deteriorada durante años y responder a comunidades que llevan demasiado tiempo esperando. Ejecutar, en ese escenario, también es una obligación. Pero la urgencia no puede convertirse en la única explicación cuando la contratación excepcional empieza a ocupar un espacio demasiado amplio en la gestión pública. Entre julio de 2024 y junio de 2026, el MOP adjudicó 276 contratos directos por $363 millones, según el análisis realizado por este diario en las plataformas de Panamá Compra. La cifra supera los $225 millones contratados mediante este mecanismo durante todo el quinquenio anterior. El procedimiento excepcional es legal. La Ley 22 lo contempla y establece causales, controles y autoridades responsables de aprobarlo. El MOP sostiene que lo utiliza para ganar rapidez, eficiencia y una mejor relación costo-beneficio, frente a licitaciones que pueden extenderse durante meses. El argumento merece ser escuchado, pero también contrastado. Porque reparar carreteras, mantener vías o rehabilitar infraestructura no siempre responde a hechos imprevisibles. Son necesidades conocidas y, en buena medida, recogidas en la planificación oficial del propio Gobierno. Allí surge una pregunta: si la necesidad puede anticiparse, ¿por qué la competencia abierta no ocupa un lugar mayor? No se trata de paralizar obras ni de desconocer la urgencia de ejecutarlas. Se trata de protegerlas. La competencia, la publicidad y la trazabilidad del gasto fortalecen cada proyecto y despejan dudas. Cuando lo excepcional se vuelve frecuente, la mejor respuesta del Estado es ofrecer más transparencia.