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La reciente decisión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) marca una línea clara para la libre postulación. Con la reforma aprobada, ningún ciudadano podrá iniciar la recolección de firmas si no ha estado fuera de un partido político por lo menos un año antes de presentar su solicitud. En la práctica, quienes aspiren a competir en 2029 deberán romper cualquier vínculo partidario a más tardar en enero de 2027. Así de simple. Así de drástico. La justificación es clara: la libre postulación no puede seguir siendo un corredor alterno para quienes desean beneficiarse de la maquinaria partidaria mientras reclaman el estandarte de la independencia. El mecanismo no fue concebido para servir como refugio táctico ni como comodín en las disputas internas de los colectivos. La ciudadanía tiene derecho a un sistema coherente, donde las reglas no se doblen por conveniencia y donde las rutas electorales mantengan identidades claras. La reforma al artículo 365 del Código Electoral busca cerrar la puerta a la ambigüedad. Exige que la solicitud de precandidatura, presentada entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año trasanterior a la elección, solo pueda admitirse si el aspirante ha estado realmente desvinculado de todo partido político durante al menos doce meses. Quien no cumpla, queda fuera. Sin excepciones. Sin atajos. Por supuesto, el cambio despierta inquietudes. Algunos sostienen que podría limitar derechos políticos o restringir la participación ciudadana. Otros ven en la medida una oportunidad para depurar un sistema que ha tolerado incoherencias durante demasiado tiempo. Pero lo indiscutible es que el país necesitaba una definición. Y la CNRE la dio.