La crisis de agua y contaminación desbordada que sufre el río La Villa es un problema de años que no tuvo su debida atención por el gobierno y las autoridades locales.

Una mezcla de desidia estatal y ‘laissez-faire’, que ahora nos pasa factura en momentos de una profunda crispación social, con difícil solución a corto plazo.

El gobierno, aunque enfrenta desafíos estructurales y de vieja data, tiene una oportunidad de oro para atender esos problemas de raíz. En el caso de Azuero, el desarrollo agropecuario rara vez va a tono con la sostenibilidad ambiental y social, en parte por la resistencia en el sector de hacer los cambios necesarios, así como el gran abandono en la que tiene el Estado a nuestro agro.

No podemos seguir dándole la espalda a la protección de nuestros recursos hídricos ni tampoco a la agroindustria. Urge una política nacional de producción agropecuaria con una mirada sostenible y que contemple la incorporación de las comunidades. En el caso de aquellas personas que incumplan y falten a la norma, provocando una situación crítica como la que se vive hoy en el río La Villa, debe caerles todo el peso de la ley si se prueba que hubo delitos.

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