Una muerte que exige respuesta

La muerte de un ciudadano en medio de las protestas contra la reforma de las pensiones en Panamá, ocurrida hace una semana en la localidad de Rambala, provincia de Bocas del Toro, trae consigo muchas dudas. Las autoridades aseguran que la víctima sufrió una herida en la espalda y que no tenía que ver con la protesta, pero aún no hay claridad y persisten el silencio y la incertidumbre. Este fallecimiento no puede ni debe ser una estadística más. Es la pérdida de una vida en el marco de un conflicto social que, por su duración y profundidad, ha calado hondo en sectores amplios de la sociedad. El Ministerio Público ha asumido la investigación y es su deber esclarecer los hechos con celeridad. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió exactamente: ¿Quién agredió? ¿Por qué? ¿Hubo uso excesivo de la fuerza? ¿Se trató de un enfrentamiento, de una acción deliberada o de una omisión? No se puede permitir que las versiones incompletas y los rumores llenen el vacío que deja la falta de información oficial. No es suficiente con comunicar que “la investigación está en curso”. Los tiempos judiciales no pueden ignorar los tiempos de la indignación social. En contextos como este, la lentitud puede ser sinónimo de impunidad.