Abuso contra las libertades

La libertad de expresión, un estandarte de la sociedad moderna, vuelve a estar sobre el tapete. Un ex ministro pone una demanda criminal contra la presidenta del capítulo panameño de Transparencia internacional (TI) y, peor, el Ministerio Público la acoge. Ella, como ciudadana, y más, como dirigente de una fundación beligerante de carácter cívico expresa una opinión crítica, y se toma una medida con pretensión intimidatoria para cautelar su voz. Como bien señala el boletín de TI, Panamá ha sido advertido por la Comisión Interamericana de DDHH que no debe usarse la jurisdicción penal para acosar a quienes ejercen su libertad de expresión y el derecho a información. Y el Código Penal establece que no se puede imponer sanción penal en el caso en que el supuesto afectado por la “calumnia” fuera ministro de Estado. ¡Hasta cuándo estos abusos!