Por el bien de todos

Aunque se reniegue, la percepción ciudadana es que en el tema minero las autoridades nos mienten. Eso ha calado negativamente en la población que se ha empezado a pronunciar con fuerza en las calles. Y lo que se presagia es que esto puede recrudecer, a menos que la acción gubernamental cambie, porque la aprobación de la ley minera es un calco de lo que pasó con la Ley 30. Empero, no podemos aceptar, ni mucho menos aplaudir, que los manifestantes golpearan y ultrajaran al viceministro Carles, quien hasta ahora es el único funcionario de alta jerarquía que le ha dado la cara a los indígenas. Esa acción reprochable le quita valor a la protesta. Lo prudente es que el gobierno suspenda de inmediato los efectos de la ley minera y en conjunto con los diversos actores de nuestra sociedad, decidir lo que más nos conviene a todos los panameños. La imposición no es buena y las manifestaciones violentas mucho menos. ¿Por qué repetir lo ocurrido en Bocas del Toro, cuando podemos llegar a acuerdos civilizadamente?