¿Contraloría eficiente?

Es inimaginable en los Estados modernos uno sin disciplina fiscal. En América Latina, donde la corrupción menoscaba las finanzas públicas, es además una necesidad imperiosa para evitar los fraudes, coimas y desequilibrios fiscales. En Panamá estos objetivos, que le corresponderían en principio a la Contraloría General, son temas fáciles de decir pero no de hacer. ¿Por qué? ¿Acaso puede la actual Contralora —exempleada de confianza de las empresas del mandatario— ejercer con autonomía e independencia su labor fiscalizadora a las obras de su antiguo jefe? Es evidente que ante los numerosos escándalos sus funciones no se están cumpliendo con eficiencia. La Contraloría debería actuar conforme al Estado de Derecho, pero padece de una peligrosa anemia institucional. Entonces, quién le impone límites a la corrupción, al déficit y a la deuda pública que, en el horizonte, se vislumbran como la real amenaza a la economía panameña.