Reflexión y Acción

Los hechos acaecidos anteayer ameritan una profunda reflexión y un cuestionamiento sobre cómo debe enfrentarlos una sociedad democrática. El hecho de que servidores públicos —todavía más grave, agentes de seguridad del Estado— impidan el libre ejercicio de su profesión a periodistas es inaceptable, con la complicada agravante de que los hechos están teñidos de agresiones físicas, amenazas y presunto abuso de autoridad. La conclusión ante tal proceder es directa: ¡Esto no puede pasar desapercibido! Las autoridades de seguridad del Estado están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, y para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Si algún servidor público no tiene claros estos preceptos cívicos, que no le es permitido incautar el material de trabajo a un periodista sin violentar los principios básicos sobre los que se sostienen la libertad de prensa y nuestra democracia, habría que advertir que una disculpa —aunque apropiada— se queda en extremo corta y lo único que obligadamente cabe es deslindar responsabilidades. Una actuación enérgica hoy nos asegurará no regresar a tiempos superados del ayer .