Tránsito ilegal

De acuerdo con la Constitución Política de la República de Panamá, las autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Nada de esto es lo que sucede hoy con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Su Director dio un ultimátum a los transportistas ilegales llamados popularmente ‘busitos piratas’. El Presidente de la República lo desautorizó a través de un tuiter. Hoy el servicio de transporte de pasajeros que prestan estos allegados al gobierno, no solo es ilegal sino que además es inseguro porque no cumple ninguna de los normas establecidas en la Ley y en el Reglamento de Tránsito. Ni que decir de la evidente vulneración al contrato de concesión con exclusividad otorgado por el propio Estado a la empresa Mibus. Con su proceder las autoridades se están llevando por la borda la Constitución y la Ley y están poniendo en riesgo a los que habitamos en las ciudades de Panamá y San Miguelito.