DDHH en las cárceles

Decenas de declaraciones y convenios internacionales, al igual que nuestra normativa interna, recogen las condiciones mínimas que deben tener los centros penitenciarios. Es un tema de Derechos Humanos —y también del nivel de civilización de una sociedad— cómo se trata a los privados de libertad. La reciente protesta de las reclusas del Centro Femenino de Rehabilitación no puede pasar inadvertida. Al margen de las realidades por las cuales cada una de las prisioneras llegó allí o de las razones jurídicas de su detención, no puede Panamá vanagloriarse de crecimientos económicos sobresalientes y al mismo tiempo presentar estados deplorables en las condiciones de los centros de detención. Ellas hablan de condiciones impensables: aguas servidas, falta de servicios de salud, hacinamiento y estructuras estropeadas. No habrá que creer todo a pie juntillas, pero tampoco se puede desestimar un reclamo que se escucha con indignación. El Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario tienen un enorme reto por delante, no serán carreteras o puentes, pero tener un sistema penitenciario que salvaguarde la vida de los reclusos, no ponga en peligro su integridad física, mental o moral ni infrinja su derecho de defensa son los mínimos de los que se debe partir sin dilación.