Reformas urgentes

Que 4500 estudiantes, casi tres meses después de haber iniciado el año lectivo, no tengan un maestro que les dicte clases debe, por lo menos, escandalizarnos. Un país que promueve un sistema de jornada única —retrasado, ciertamente— y que se compromete a participar en pruebas como PISA en apenas dos años, no puede, ni por error, permitirse que un alumno pierda clases por un asunto tan básico como que un docente esté nombrado, y cobrando su salario, pero que no esté en el salón. Esto nos llama a la reflexión sobre la necesidad de que los cambios en educación sean más profundos de lo que creemos que tienen que ser: la burocracia no puede engullir al sistema educativo público. Eso sería lo mismo que echar a la suerte el futuro de la mano de obra, de los emprendedores, de los líderes de las próximas dos y tres décadas. El Gobierno y todas las fuerzas vivas del país están llamados a discutir un nuevo plan nacional de educación, pero no desde la burocracia del diálogo eterno, sino desde la franqueza, a partir del despojo de intereses sectoriales y por el bien del país. Con plazos, metas claras, y sin mediocridad. Con el mismo ahínco con el que hasta hace poco se defendía Panamá frente a quienes le acusaban de paraíso fiscal. Esa, más que cualquier otra cosa, es la mayor deuda que tiene el país consigo mismo.