Tras las revelaciones de la empresa brasileña Odebrecht de que pagó 59 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios panameños, una escandalizada población se ha manifestado exigiendo una investigación exhaustiva sobre los megaproyectos realizados en Panamá en los últimos tres períodos gubernamentales. Esta vorágine, empero, es usada por grupos que, con cálculos políticos, reman porque se investigue solo lo que a ellos les conviene. Pero la sociedad exige una investigación profunda y en esto el Gobierno y el Ministerio Público tienen mucho por hacer. El Gobierno tiene la gran oportunidad de convocar a la prometida Constituyente, para sanear de una vez por todas los estamentos estatales proclives a la corrupción. Por ejemplo, el Órgano Judicial, donde su poder jerárquico no debe seguir como está o el Legislativo que con la plataforma de diputados circuitales, en lugar de provinciales, promueven el clientelismo y el juegavivo. Paralelo a esto, el Ministerio Público se vería menos presionado para realizar las investigaciones a los tiempos legales y cumpliendo el ordenamiento jurídico y no que, por presión, dicte medidas cautelares de cárcel a todo investigado, solo para complacer a interesados. Lo peor es que el Gobierno tiene que tomar medidas drásticas y urgentes, para poder lograr la confianza de la mayoría de la población y no de los grupos económicos que solo quieren salvaguardar sus intereses. Ojalá que de esta crisis se aproveche la oportunidad de levantar el país.

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