Una decisión imperante

Panamá no está para exhibir egos e individualismo y por eso las acciones que hay que tomar requieren de la participación de todos los sectores. En el caso imperante de dotar al país de una Constitución que resuelva asuntos tan delicados como la justicia, la Asamblea o la elección del primer gobernante del país, es lógico que todos los partidos y gremios activos tienen que ponerse de acuerdo. En esa vía, la decisión a tomar requiere considerar la participación del partido oficialista, de los de oposición y de la sociedad civil. La institucionalidad está en juego y cada día que pasa el país va rumbo a una vorágine de destrucción. Lo que menos tiene Panamá es justicia y aunque los que están en los cargos aleguen que están haciendo lo mejor de sí, lo cierto es que son marionetas de lo que se decide en el Ejecutivo. Este no es el país que quieren los panameños. Es necesario enrumbar a Panamá hacia la vía del desarrollo y alejarse de la protección de intereses económicos. Han sido casi diez años, donde la inversión pública ha sido cuantiosa, pero también los atracos y el desgreño son la constante. Han sido casi diez años donde la política se circunscribe en dos figuras que más que bien, le han hecho daño al país. Han sido casi diez años en que las inversiones no son para que Panamá se desarrolle, sino para ver florecer negocios. Y han exagerado con subsidios para acallar las voces de los más necesitados que, en lugar de educarlos para que se valgan por sí solos, los han acostumbrados a ser parásitos de la ubre del Estado. Panamá merece algo mejor.