Editorial

En medio de una protesta pacífica, a la que concurrieron para proteger la sede de la Asamblea Nacional, más agentes de la policía que manifestantes, se produjo una represión desproporcionada que incluyó la arbitraria detención del periodista Juan Cajar de La Estrella de Panamá.

Si al inicio pudiera haberse dado una confusión, rápidamente el periodista Cajar, que en todo momento portaba su identificación de manera visible, dejó claro que se encontraba cubriendo los eventos; sin embargo, fue sometido físicamente y conducido a una subestación de policía.

A pesar de las múltiples gestiones realizadas, incluidas las de la Dirección General de Comunicaciones del Estado y desobedeciendo una orden presidencial, la Policía Nacional mantuvo la detención durante cinco (5) horas y, además, el periodista Juan Cajar se encuentra sometido a un proceso ante un juez de paz por la indignante alegación de “alteración del orden público”, todo esto bajo el conocimiento personal del director general de la Policía, Jorge Miranda Molina.

Así como la cobertura periodística es un valor fundamental de la democracia, las consecuencias que tengan los abusos policiales, lo son para la institucionalidad del país.

Panamá enfrenta una difícil situación ante la pandemia, el Gobierno busca propiciar un ambiente favorable a un diálogo nacional, actuaciones autoritarias y que vulneran la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo son inadmisibles.

La semana pasada, el presidente de la República, ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), firmó las declaraciones de Chapultepec y de Salta en defensa de la libertad de expresión; salvaguardar su prestigio y el del país, impone la renuncia del director general de la Policía Nacional o su destitución inmediata.