¿Cuándo se había visto en nuestro país que entrarán a una universidad a asesinar estudiantes? El viernes pasado, un joven de 27 años fue asesinado y otro herido en un ataque armado en la Universidad de Panamá, de Veraguas. El sábado, tres jóvenes (18, 20 y 22 años) fueron asesinados en el sector 4 de Samaria, en San Miguelito. Un día después, el domingo, otro joven de 18 años, futbolista de la Sub-17, fue asesinado en Colón. Esta lamentable realidad es una señal inequívoca de una falla integral de la gestión de la seguridad, de la pérdida - sin medida - de los valores fundamentales de la sociedad y de la fuerza que ha cobrado el crimen organizado en Panamá. No queda la menor duda de que en el país se está viviendo un deterioro en la calidad de vida que está impactado directamente en las condiciones de seguridad. Hay que insistir en la necesidad de que los organismos aborden - con mayor determinación - las carencias que padecen ahora los panameños. Si bien es meritorio reconocer la labor del procurador - durante su gestión - las máximas autoridades de seguridad, las salientes y las que llegan - deben afilar y desarrollar esfuerzos sistemáticos para desarticular las bandas y pandillas ya identificadas y privarlas de sus armas, drogas y otros recursos que los mantiene operantes. Además de esta acción, es imperativo fortalecer la institución y depurar enérgicamente: la infiltración del crimen organizado en los organismos, incluyendo fuerzas de seguridad y sistemas judiciales, socava - sin lugar a duda - la capacidad del Estado de reaccionar ante hechos delictivos. El tráfico de armas y la impunidad son además factores que hay que desaparecer. Hay y habrá mucho por hacer para disminuir los homicidios en Panamá, y solo se logrará con una estrategia fuerte en la que se desmonten todos los factores, condiciones y actores que los causan.

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