Definitivamente en nuestro país escasean, sobre todo las del Estado donde se ejerce de manera efectiva y coercitiva las leyes que fundamentan los principios democráticos, desde luego, como lo planteó Platón en un Estado ideal del cual Panamá se encuentra distante y distinto a aquella estructura sustentada por el filósofo en comento siendo el gobierno, los guardianes y los productores. Las Instituciones en nuestro país, están captadas por los partidos políticos que a su vez son articulaciones electorales al servicio de los acaparadores de riquezas y el crimen organizado. Tajante y cruda es nuestra realidad. Observemos preceptos del institucionalismo moderno desde la Ciencia Política y como van perdiendo su credibilidad y confianza por parte de los ciudadanos a quienes las instituciones deben proveer orgánicamente de derechos y obligaciones que fortalecen las democracias de los Estados. Estos fenómenos de desgaste se deben precisamente a la intromisión de los poderes fácticos, internos, externos o mixtos que utilizan a las instituciones como herramientas de poder para favorecer o favorecerse de ellas y en detrimento de los asociados, fiel ejemplo el Ministerio Público, como garante de las investigaciones judiciales acuerpado del encubridor Sistema Penal Acusatorio que ampara a los delincuentes de “cuello blanco” y castiga a los infractores sin recursos; este sistema utilizado en la mayoría de los países del continente fue impuesto por EEUU.
Una institución que debe ser estructurada desde sus cimientos es el Tribunal Electoral, ya que sus funciones y atribuciones son evidentemente parcializadas a la partidocracia. Sus apoderados están ocultos o a estas alturas visibles en la esfera de la criptocracia, ente donde se utiliza a las instituciones del Estado a su conveniencia, pues bien, desde las abrumadoras elecciones de 1989 en contra de Noriega, sin duda una aplastante derrota, ya a cuestas con un historial fraudulento, se pensó que acabarían estas viejas malas praxis con los nuevos gobiernos posinvasión, atribuyéndoles desde la Asamblea Legislativa poderes o “súperpoderes” para decidir controversias eminentemente constitucionales. Lograron hacer de esta institución, cuyo fundamento es ejercer como árbitro en las elecciones generales a un principado tipo Autoridad del Canal de Panamá. La libertad de elegir y ser elegido libremente ha sido cercenada y puesta a disposición de los candidatos impuestos por los donantes de campaña cuya sustentación legal o ilegal es el financiamiento privado. Desde esa puerta de entrada se cuelan los capitales de sociedades jurídicas destinadas para tal fin. La era Odebrecht, narcotráfico y minería son sus más evidentes ejemplos. Así están compuestas nuestras instituciones. En lo absoluto nada que enorgullezca, al contrario, frustra e indigna. ¿Hay forma de que no siga sucediendo? Por supuesto que sí.
Podemos recurrir a una fórmula que facilita acordar un nuevo pacto social, la convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria, como lo pregonaba el Prof. Raúl González Q.E.P.D. desde las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, hasta los diferentes escenarios sociales. Llevando esta prerrogativa ciudadana constitucional, se puede enmendar íntegramente nuestra vida republicana, como lo sentenció el Prof. Juan Jované, refundando el Estado. En el ámbito que procuramos incidir es en la institucionalidad electoral, donde una de las principales recomendaciones que viene sustentando el Movimiento Independiente Nacionalista (M.I.NA.) es la eliminación del financiamiento privado y racionalizar el financiamiento público. Estas propuestas ya han sido expuestas a través del Foro Constitucional Electoral, que dispone revisar todo el Título IV de la Constitución Política de la República de Panamá, elevando estas aspiraciones nacionalistas a una Asamblea Constituyente Originaria. Con la búsqueda y encuentro del fortalecimiento democrático nos darán los resultados óptimos necesitados para tener instituciones confiables. ¡Acción!
