La Llorona del 11 de enero de 2026

Por los pasillos de un ministerio que maneja jugosos recursos de infraestructura pública se comenta que la directora de Presupuesto —heredada de la administración pasada— tiene a un hijo bien acomodado en una empresa contratista de esa misma entidad. La pregunta cae por su propio peso: ¿ese detallito familiar estará debidamente declarado en la declaración jurada de conflicto de intereses o lo pasó agachado?

Por un Tribunal tendrán que explicar, con lupa, los viáticos que aprobaron para unos funcionarios que supuestamente iban a notificar a unas personas por los lados de Las Tablas. Pero el cuento se cayó porque las notificaciones eran puro humo y el verdadero plan era cuadrar hospedaje, con plata pública, desde el viernes hasta el lunes, justo cuando se celebra el Festival de las Mil Polleras.

Le mandan el recado a la Contraloría para que active la lupa —y no la quite— sobre los autos oficiales que ya empiezan a rodar desde la capital rumbo a Azuero. Al parecer, hay varias entidades con ganas de “brincarse” la orden que prohíbe usar bienes públicos para paseos festivos, todo por no perderse el Festival de las Mil Polleras. Que no se haga el vivo el que ande de chofer oficial con agenda folclórica.

Me soplan que la crisis de la basura en San Miguelito ya dejó de ser solo un problema sanitario para convertirse en un ring político. Desde el gobierno central quieren exprimir el tema hasta la última gota, al punto de que a Irma le habrían dado la orden de bajar unos videos sobre la labor de recolección. Poco a poco se va destapando la jugada y todo apunta a que la estrategia no busca resolver un problema histórico, sino sacarle rédito político al basurero.

Muy conveniente salir a proponer un proyecto de ley que declararía la nulidad de los procesos cuando pasan cinco años sin sentencia ejecutoriada en firme, justo cuando se forma parte de un caso cuyo juicio arranca mañana. Claro, en este país, con auténticos maestros en estirar audiencias, no hay que ser adivino para saber que ningún caso de alto perfil llegaría a condena. El diputado Cedeño, el Calvo, ya mandó a decir que con él no cuenten.

El partido oficialista Realizando Metas ha solicitado a sus diputados apoyar la propuesta del “chiquillo” Vega sobre limitar a 10 años el uso de escoltas del SPI para expresidentes. Bueno, como la prerrogativa no incluye hacerlo fuera del país, dirán que da igual.

Por una alcaldía de la altiva provincia se cocinan nombramientos de personas que, para sorpresa de nadie, no son del distrito ni viven allí, pero sí tienen un domicilio bien registrado en la libreta de recomendaciones políticas. Algunos aspirantes a funcionarios vendrían avalados por un excandidato a la Alcaldía de Panamá, demostrando que la descentralización no aplica cuando se trata de repartir cargos.

La diputada Patsy le puso la lupa a varias canchas deportivas levantadas con fondos de la descentralización durante la pasada administración alcaldicia chorrerana. Todo indica que los precios fueron inflados y la madrastra de la patria ya presentó la denuncia, pero la pregunta es: ¿por qué las actuales autoridades locales miraron para otro lado y no movieron un dedo?

La que volvió a encender motores en redes sociales es la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Tras el escándalo —casi de alcance internacional— por la demolición del monumento chino en el mirador del Puente de las Américas, la jefa del municipio reapareció como quien intenta pasar la página. El problema es que la memoria es larga y las redes no perdonan.

La embestida de Mr. Trump para ponerle las manos a Groenlandia parece haber despertado un fuerte sentimiento nacional en la helada isla. Los partidos políticos del territorio salieron en coro a marcar distancia: no quieren ser estadounidenses ni daneses. Quieren ser, punto y final, groenlandeses.

Todo indica que República Dominicana no realizará la Cumbre de las Américas, prevista para principios de diciembre y luego pateada para más adelante, entre una agenda saturada y una América Latina más convulsa que nunca. La pregunta es: ¿quién responde por los gastos ya hechos por los países que tenían todo listo para sus delegaciones? Porque la cumbre se cayó... pero las facturas, no.