La Llorona del 22 de octubre de 2025

El presupuesto del Estado para 2026 pasó al pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación en segundo y tercer debate. Los diputados tienen hasta el viernes de la próxima semana para finiquitar el proyecto de ley.

Me dicen que el gobierno paso firme terminó vendiendo el apartamento del exmagistrado Moncada Luna, ubicado en el PH Santorini y secuestrado por el Estado, por un precio muy inferior al avalúo. Que la compradora es una persona muy cercana a uno de los ministros.

El negocio se estaba cocinando desde el cambio de gobierno y se concretó a través de una venta excepcional. Hay quienes consideran que se debió realizar una subasta pública para obtener los mejores beneficios económicos para el Estado.

Me cuentan que una embajadora de Panamá en un país europeo tiene la sede diplomática de vuelta y media, y que los funcionarios que no la llaman “señora embajadora” se ganan una amonestación gratis. Le mandan a decir que se preocupe más por la lista en la que está Panamá por esos lares.

La señora embajadora pasó de segunda secretaria en la carrera diplomática al cargo más alto, a pesar de que en la sede labora una funcionaria con 30 años de experiencia, maestría, doctorado y dominio perfecto del idioma del país, que sigue como subalterna. Así es complicado entrar a la OCDE.

Ricaurte Grajales renunció a su postulación para la presidencia del Partido Popular y solo quedará como candidato a la vicepresidencia. Eso de la doble postulación como que no cayó muy bien a lo interno del colectivo.

Me cuentan que por los lados de un banco estatal adquirieron una herramienta tecnológica para tumbar posts en redes sociales que resulten adversos. Todo lo que sube a la nube con comentarios negativos, lo guillotinan.

En la Comisión de Gobierno aprobaron un proyecto de ley que busca aumentar la pena de cárcel por la retención de la cuota obrero-patronal y, además, incluye a los funcionarios.

Por los lados de la ASEP volvieron a multar a las empresas eléctricas por incumplimientos a los estándares de calidad exigidos en la prestación del servicio. Son 18.5 millones de billullos que, como siempre, se reflejarán en la factura de los ciudadanos.

El que tuvo un gran respiro en Colombia fue el expresidente Uribe, luego de que un juez del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la condena de 12 años por soborno y fraude procesal. Todo indica que el caso pasará a la última instancia, la casación.

Ya que hablamos de Colombia, al parecer los gobiernos de Mr. Trump y del camarada Petro empezaron a fumar la pipa de la paz. Acordaron mejorar la cooperación en la lucha antidroga.

Los procesos de revocatoria contra funcionarios de elección popular no superan ni el porcentaje del margen de error. A este ritmo, los proponentes de las medidas deben tener claro que se quedarán esperando la separación.