El campo, sin fuerzas y en crisis

Los cambios climatológicos que han sucedido este año en el interior del país han causado inmensos daños económicos y dolorosos dramas humanos. Cosechas perdidas, suelos deteriorados, reducción de la siembra y, para agudizar aún más la situación, un Gobierno que parece dejar a la deriva a las poblaciones afectadas y restar importancia al panorama dantesco que brindan las más de cien mil hectáreas incineradas, como consecuencia de las sequías y el Fenómeno de El Niño.

Obviamente, ya ha quedado muy lejos la expectativa de lograr una cosecha rentable, y el optimismo ha dado paso a una crisis económica de consecuencias todavía inconmensurables. Por un lado, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, estimó en más de mil millones de dólares los requerimientos del sector para los próximos cuatro años, monto que fue denegado de partida en su primera vista presupuestaria. Y por el otro, los productores estiman en más de doscientos millones de dólares los daños por las sequías, siendo los ganaderos de Azuero los más afectados, con pérdidas de más de cincuenta millones de dólares.

Mientras el pronóstico del tiempo siga así, los productores posponen sus inversiones, retrasan la cosecha de granos y advierten que no podrán cumplir el calendario de siembra del próximo año. Pero lo peor está aún por definirse, porque se estima que existen entre treinta y cincuenta mil hectáreas irrecuperables por los daños que provocó la sequía en la calidad del suelo. Por más, entonces, que el factor climatológico recupere su normalidad y el Gobierno decida ayudar financieramente al sector agropecuario, los efectos dañinos de estos fenómenos persistirán por bastante tiempo.

Si bien el país atraviesa una muy difícil coyuntura económica, lo cierto es que desde hace ya una larga cantidad de años se viene constatando un cambio significativo en el régimen de lluvias y la necesidad de que se concreten obras destinadas a paliar el efecto de las sequías. Lamentablemente, poco se ha hecho y hoy esa falta de previsión hace que los daños sean tan grandes como difíciles de reparar.

Además, exacerbados por la falta de lluvia y desesperados por buscar a un culpable por la falta de proyectos de riego, en las últimas semanas se han desatado en la esfera estatal conductas inverosímiles que no solo impiden analizar la casuística del problema agropecuario, sino que imposibilitan a corto plazo resolver el entuerto judicial. Con dos exministros del MIDA detenidos y varios funcionarios más indagados por irregularidades en la adjudicación del proyecto de riego de Tonosí durante la administración anterior, resulta inconsecuente la suspensión de las inversiones en materia de riego y el atraso de la implementación del plan estratégico quinquenal para el sector agropecuario. Tristemente, estas decisiones revelan la incapacidad de las autoridades para crear políticas públicas concretas que ayuden a organizar, coordinar y motorizar la producción nacional, y también retratan de cuerpo entero la obsesión de jueces y fiscales por aplicar una justicia cautelar que no solo ha resultado en un foco de corrupción dentro del Órgano Judicial, sino que además no resolverán componer los problemas medulares del país, como es la inseguridad alimentaria, escasez de agua potable, transporte público mediocre, delincuencia, educación, salud, etcétera.

El sector agropecuario necesita urgentemente salir de la crisis donde se encuentra desde hace años. Mejorar su productividad con más y mejor educación, más y mejor sanidad, más y mejor capital físico, con más y mejores infraestructuras de carreteras, comunicaciones y energía, será una contribución decisiva para una mejor distribución del ingreso y un futuro más digno de nuestra población campesina.

No entender la crisis del agro, como una amenaza real que acecha contra la paz social del país, impide la identificación del problema, imposibilita el diagnóstico y retrasa su solución. Porque si llegase ese momento crucial donde en Panamá no haya comida y no estemos listos para afrontar el desenlace social y económico, vamos a llorar y a sufrir una revolución al estilo de las más recientes en Egipto y Túnez, donde un nuevo orden de reglas emergió, debido al hambre de la población y el cansancio de la gente.

Por tanto, la contundencia de la crisis del agro exige que las diferencias políticas se acoten y que el Gobierno nacional disponga de políticas de Estado sólidas y concretas que ayuden a paliar el panorama, evitar la desaparición de la actividad agropecuaria y combatir la pobreza rural.

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