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18 de Oct de 2019

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Leopoldo E. Santamaría

Lector Opina

¿Están todos los que son?... Una opinión

Como consecuencia de una investigación incongruente con la gravedad, magnitud y trascendencia de tan doloroso evento

La catástrofe sanitaria que tradujo muertes y daños severos a la salud de innumerables víctimas, continúa generando debate y protestas, a mi criterio, como consecuencia de una investigación incongruente con la gravedad, magnitud y trascendencia de tan doloroso evento. Llama la atención que entre los presuntos responsables no aparezcan funcionarios directamente vinculados al procedimiento administrativo para la adquisición del agente químico que debió ser glicerina, pero que era el veneno que luego se utilizó para la elaboración de algunos medicamentos.

La Fiscalía Novena de Circuito Anticorrupción, atendiendo denuncia presentada el 6 de abril 2015, por probable delito contra la Administración pública, en perjuicio de la CSS, relacionada con la compra del químico, solicita, mediante oficio del 18 de junio de 2015, al director general de esa institución: 1.- ‘Certificar a través de la Dirección de Personal de la Caja de Seguro Social, si el Director Nacional de Asesoría Legal, tiene mando y jurisdicción en todo el territorio de la República de Panamá y cuáles son sus funciones en relación al cargo que ostenta'. Y 2.- ‘Certifique si a la empresa MEDICOM, S.A. se le adjudicó algún tipo de contrato suscrito con la Caja de Seguro Social, en caso afirmativo, remitir copia autenticada del mismo'. En respuesta a dicha solicitud, mediante nota DNC-N-930-2015 del 12 de agosto 2015, el director general respondió: ‘Le informamos que luego de investigación realizada no contamos con documentación que registre que se haya confeccionado contrato con la empresa Medicom, S.A. El punto 1 fue ignorado. Posteriormente, en vista fiscal No. 674 del 31 de agosto de 2015, se solicita al juez de la Causa que profiera un auto de sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal.

¿Por qué no le tomó declaración al asesor legal?, ¿a la entonces directora de Abastos de la CSS, que llamó la atención sobre la falta de certificado de operación de la empresa que suministró el veneno?; ¿al Representante de Asesoría Legal ante la Comisión Nacional de Oferentes?; ¿al representante del Ministerio de Economía y Finanzas ante la citada Comisión?

Si no existe registro de contrato (orden de compra) con dicha empresa, ¿cómo fue que la institución adquirió el veneno?; ¿revisó el procedimiento para la adquisición, núcleo de imputación de la denuncia? ¿Revisó el Acta de la sesión de la Comisión Nacional de Oferentes donde se aprobara la Resolución 271, de 10 de septiembre de 2003? ¿Qué credibilidad puede tener una investigación que le pide al presunto responsable, que elabore la respuesta y aporte las pruebas que puedan incriminarlo?; en vez de practicar la referencia indiciaria y calificada de testigos directos de acción por omisión y proceder con un allanamiento con aseguramiento de pruebas, todas sumariamente en su poder.

Rehúso pensar que lo actuado obedezca a la intención de proteger a algunos y, mucho menos, que con tal investigación se intente ignorar, encubrir u ocultar alguna maniobra para eliminar el laboratorio de fármacos por considerarlo lesivo a intereses económicos.

Cuando se habla de mala práctica, lo habitual es pensar en la profesión médica; pero en la investigación del envenenamiento masivo, es dable considerar la posibilidad de negligencia. El Colegio Nacional de Abogados y otras organizaciones cívicas, interesadas en la recta y oportuna administración de justicia, deberían exigir competencia o idoneidad profesional y no solo transparencia, pero sobre todo, que las autoridades cumplan, a cabalidad, su deber, porque aparentemente no están todos los que son, y además, la mayoría ciudadana no somos tarados... ¿Ud. qué opina?

MÉDICO