Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, desglosa la importancia de la Ley de Sustancia Económica como la llave para...
- 01/02/2015 01:00
La falla no es del mercado
El problema de la desigualdad social en Panamá debe afrontarse con un debate de altura, que reconozca por obligación la realidad de que siempre en la vida hay ganadores y perdedores. Incluso, la idea que una misma persona puede sentirse ‘ganadora’ cuando tiene un empleo y ‘perdedora’ cuando lo pierde. O ganadora porque tiene un buen empleo, pero perdedora porque algún miembro de su familia padece una enfermedad. O perdedora porque está desocupada, pero ganadora porque ha sido bendecida por Dios o por el destino con un matrimonio feliz. Y así, dependiendo de cómo se está en un momento determinado, habrá ganadores y perdedores.
Pero el análisis sobre los que ganan o pierden no termina allí. Debe incluir aquello que subyace a toda la teoría económica: la escasez, ya sea en sentido absoluto pensando en cómo resolver el problema de asignar un bien escaso o en términos relativos explicando el por qué algunas cosas valen más que otras. Sintetizando hasta el hueso, los principales factores explicativos del por qué hay desigualdades entre las personas son: 1) Su capacidad física o intelectual innata, 2) Las mayores o menores oportunidades que existen para aprender o perfeccionar dichas capacidades o habilidades, 3) Las particulares características de la cultura de la sociedad o del grupo social dentro del cual dicha persona se crió y, por último, 4) Las diferentes cantidades de riqueza que posee (por ahorro o por herencia). Es decir, cada uno gana dependiendo de cuánto sabe o cuánto tiene para ofrecer.
Como si esto no fuera suficiente para explicar las desigualdades, los cambios tecnológicos, los descubrimientos, los gustos y las aspiraciones de las personas hacen cambiar más o menos las ‘escaseces’ y, por lo tanto, los valores relativos de las cosas y los ingresos de las personas. Este dinamismo puede ser tanto apreciado por unos como rechazado por otros, y no necesariamente debido a la suerte circunstancial de cada persona, sino por el valor relativo que cada uno le asigna a la capacidad, productividad y creatividad individual.
En Panamá, existen muchas instituciones y leyes ‘proteccionistas’ que fueron desarrolladas en el pasado como mecanismos explícitos para neutralizar esta volatilidad natural del proceso económico. Estos instrumentos son muy apreciados por los que se benefician de ellos, pero les niegan oportunidades a los de afuera, para nada facilitando su inclusión o incorporación. Una conclusión lustrada sobre la relación existente entre la desigualdad y la economía de mercado, exige revisar las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento de los mercados y el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, los mercados que sirven al bien común no son cualquier mercado que pueda surgir de un estado de acomodos, lobbies y presiones sectoriales en busca de privilegios. Al contrario, son mercados verdaderamente competitivos, altamente concurridos, con oferta abierta y amplia información para todos los participantes, y con multas y sanciones para los que intenten burlar estas reglas. El problema es que muchas veces el primero que rompe las reglas es el propio Estado, con absurdas regulaciones y controles qu e desarticulan el flujo eficiente de recursos.
En cuanto a las políticas públicas, ni la imposición de nuevos impuestos ni la emisión de deuda pública por montos que excedan el tope legal constituyen medios recomendables cuando se piensa en la desigualdad. Ni tampoco, la asignación relajada del gasto público, porque no se trata solamente de maximizar las partidas que se destinan a los sectores necesitados, sino también de hallar las formas más efectivas de canalizar dichos recursos. Los países con bajas tasas de desocupación no lo deben a legislaciones antidespido; lo deben a que sus economías crecen a buen ritmo, tienen estabilidad y seguridad jurídica, buenos incentivos al ahorro, asignación competitiva y eficiente de la inversión, y un mercado laboral que funciona bien.
En resumen, la globalización plantea nuevos desafíos a los responsables de las políticas públicas, pero no significa que la desigualdad la provoca la economía de mercado. Esto sería como decir que los conflictos políticos se deben a la democracia. Las fallas sociales de las cuales se acusa injustamente a la economía de mercado son resultado de la inexistencia, ya sea por ignorancia o por omisión, del marco jurídico necesario para su adecuado funcionamiento.
Existen numerosos ejemplos que prueban que el diseño y la implementación de las políticas públicas para enfocar la desigualdad requieren enfrentar prejuicios y privilegios sectoriales muy arraigados. Esta es una materia en la que las declaraciones altisonantes de políticos y las denuncias simplistas de afectados sirven de poco. Es una cuestión compleja, imposible de ser encasillada en simplificaciones de ganadores o perdedores, en la que no pueden soslayarse ni la caracterización de la escasez y sus consecuencias, ni las diferencias existentes entre ricos y pobres, ni la impredecible dinámica de los vaivenes económicos.
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