Inconveniencias de las reformas mineras

La minería tradicional que se ha venido desarrollando en Panamá, como lo ha sido la extracción de piedra, arena, arcilla y similares, ha sido útil y necesaria para la construcción; sin embargo, cuando hablamos de la explotación de yacimientos de metales que se encuentran en el subsuelo, particularmente la minería a cielo abierto con tinas de cianuro, el asunto cambia. Téngase en cuenta que en Panamá tenemos yacimientos, que una vez concesionados y explotados se convierten en minas.

En primer lugar, Panamá no cuenta con la capacidad institucional para supervisar el cumplimiento de normas de protección ambiental que eviten la contaminación de las fuentes de agua, del suelo y del aire, así como la deforestación de la cubierta vegetal de las áreas que se afecten. Como prueba de lo anterior, el derrame de petróleo en las costas de Colón, que se mantuvo por varios días sin que las autoridades se pusieran de acuerdo para hacerle frente y el debate público que se generó hace algunos meses, porque las empresas mineras pagaban los honorarios de los expertos que las debían evaluar.

En ese aspecto, le recordamos al presidente Martinelli que en su Plan de Gobierno del Cambio sostenía que la minería metálica a cielo abierto era una de las principales causas de la deforestación.

Si lo que motiva la decisión de impulsar la actividad minera es el aspecto económico, las regalías aprobadas no justificarán las consecuencias funestas en la vida humana, así como de la flora y fauna del país, dada nuestra angosta superficie territorial de 77,000 km2. En su lugar, nuestro país pudiera explotar el turismo ecológico, el cual nos daría beneficios económicos, preservando nuestra naturaleza, sin ningún tipo de contaminación que afecte nuestra seguridad alimentaria.

Los empleos temporales que se generarían en las zonas de la extracción serían de mano de obra no calificada y, por tanto, de baja remuneración, agravándose, cuando estas empresas abandonan la mina, dejando el área inutilizada y posiblemente contaminada, además de la extrema pobreza de su población, como ocurrió en la mina Santa Rosa en Veraguas.

Connotados juristas han advertido sobre la inconstitucionalidad de las reformas al Código de Recursos Minerales, porque permite que gobiernos extranjeros participen de manera solapada en la extracción de nuestras riquezas.

Además de todas las razones expuestas, la Ley 8 de 2011, que reforma el Código de Recursos Minerales, es inconveniente, porque su elaboración en el Ministerio de Comercio fue inconsulta, porque no se tomaron en cuenta las asociaciones ambientalistas y especialmente a nuestros hermanos indígenas, que serán los más afectados con la industria minera.

El presidente Martinelli el año pasado prometió efectuar consultas sobre temas trascendentales, creemos que la minería a cielo abierto es un tema que debe consultarse ampliamente con toda la población a través de un referéndum, como lo hizo el gobierno PRD con la ampliación del Canal, pues estos son temas no solo del presente, sino también del futuro del país.

Por todas las razones anteriores, y con el ánimo de rectificar las inconveniencias de la Ley 8 solicitamos al Gobierno Nacional lo siguiente:

—. Derogar la Ley 8 de 2011.

—.Declarar una moratoria de la actividad minera a cielo abierto.

Abrir un debate público y realizar un referéndum sobre el tema minero, tal como lo propuse en el segundo debate en la Asamblea Nacional.

*DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL.