Cadena de responsabilidades: es hora de actuar en favor de la niñez

La protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia no es un discurso aspiracional: es un mandato legal y moral. La Ley 285 de 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, establece con claridad el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. No se trata de una tarea delegable ni fragmentada; es una cadena de responsabilidades que solo funciona cuando cada eslabón asume su papel.

La familia es la primera llamada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero cuando ese entorno falla o resulta insuficiente, el Estado, como representante de la sociedad, tiene la obligación indeclinable de adoptar medidas administrativas, legislativas y judiciales para protegerlos. Así lo dispone la Constitución y así lo reafirma la Ley 285. La creación de este sistema marcó uno de los avances más importantes desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño: Panamá decidió pasar del enfoque asistencialista a uno basado en derechos.

En esa arquitectura institucional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ejerce la rectoría técnica del sistema, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que preside su junta directiva y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (Conna), articula la política social. Esta coordinación no es decorativa: implica supervisión, financiamiento, monitoreo y, cuando es necesario, decisiones urgentes para salvaguardar el interés superior del menor.

Las recientes denuncias de posibles irregularidades y maltratos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen pusieron a prueba esa cadena de responsabilidades. Las acciones emprendidas, la convocatoria a junta extraordinaria, la designación de una comisión técnica interdisciplinaria, la coordinación con el Ministerio de Salud para evaluaciones médicas y psiquiátricas, y la búsqueda de alternativas para jóvenes con discapacidad, evidencian que el sistema debe reaccionar con celeridad y bajo criterios técnicos, no políticos.

La medida de protección ordenada por el procurador general de la Nación, que dispuso el traslado urgente de 10 jóvenes mayores de edad al Hogar María Auxiliadora en Chitré, constituye una decisión excepcional en un contexto delicado. Más allá de debates coyunturales, lo esencial es que toda actuación debe orientarse a garantizar la integridad, el bienestar y la atención especializada de quienes han estado bajo tutela estatal desde su infancia. El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la articulación con el Ifarhu para no afectar a estudiantes que utilizan esas instalaciones durante el periodo lectivo reflejan la necesidad de respuestas integrales.

Pero ningún traslado, ninguna comisión y ninguna reunión extraordinaria serán suficientes si no avanzamos hacia reformas estructurales. La instalación de mesas de trabajo en el Conna para fortalecer los mecanismos de protección desde un enfoque multidisciplinario es un paso en la dirección correcta. Panamá necesita revisar protocolos, reforzar la supervisión de albergues, invertir en prevención comunitaria y apoyo familiar, y consolidar sistemas de monitoreo permanentes que eviten que las denuncias se conviertan en escándalos recurrentes.

La protección de la niñez es un tema de derechos humanos y de justicia social. Las vulneraciones denunciadas son inaceptables y nos interpelan como país. La ley ya trazó la ruta; ahora corresponde honrarla con acciones coherentes, sostenidas y transparentes. La cadena de responsabilidades no admite eslabones débiles. Es hora de actuar, Estado, familia y sociedad, para que el interés superior del niño deje de ser una consigna y se convierta en una realidad tangible para cada niña y cada niño de Panamá.