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12 de May de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Panameños sin derecho a la vida digna

C ada vez que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta su informe de desarrollo humano, se repite el mismo ...

C ada vez que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta su informe de desarrollo humano, se repite el mismo titular que recoge la noticia sobre la situación en nuestro país: ‘Persiste la desigualdad en Panamá’; ‘Desigualdad marca Panamá’. Se reitera, cada año, una realidad que vive cotidianamente la mayoría de los panameños, los excluidos del crecimiento económico.

Contradictoriamente, las noticias que publicita el Gobierno se refieren, principalmente, a la cantidad de megaproyectos que, según sus cálculos, van a producir mayor crecimiento económico: la construcción del Sistema Metrobús, los puentes sobre el Canal, la ampliación del Canal, aeropuertos, las hidroeléctricas, proyectos mineros, ampliación de carreteras, que representan miles de millones de dólares, recursos del Estado, que son aportados por todos los que habitamos el país.

Todos estos proyectos continúan promoviendo la concentración de la riqueza, la pobreza y la desigualdad económica y social, además de producir un aumento significativo de la deuda pública, que compromete a las presentes y futuras generaciones.

Todas las acciones del gobierno van dirigidas a lograr ese propósito, el enriquecimiento de grupos de poder económico internacionales y locales, mientras la población sigue enfrentando el deterioro de la calidad de vida, el aumento incontrolable de los precios de artículos de primera necesidad, en un panorama en que la inflación sigue creciendo deteriorando el salario real, y produciendo aumento en los niveles de pobreza.

Las estadísticas de crecimiento económico no revelan la realidad que enfrenta la población, las políticas son cosméticas, paliativos que no atacan las verdaderas causas de la pobreza y la desigualdad. Los programas de focalización del gasto como la red de oportunidades, la beca universal, los 100 a los setenta son insuficientes para eliminar los efectos de la pobreza, pues no se conducen a resolver de raíz lo que la produce, que tiene su origen en la profunda desigualdad que prevalece en la distribución de la riqueza, que todos producimos, pero que solo unos cuantos se apropian.

Y es que a los sectores de mayor poder económico no les afecta el costo de la vida; tienen recursos de sobra para satisfacer sus necesidades y mucho más. En estas circunstancias, ¿de qué democracia hablamos?

Los políticos tradicionales se aprovechan de las necesidades crecientes de la población y cada cinco años, a su conveniencia, prometen que van a resolver todos los problemas de los electores y sus familias; pero, así mismo, cada cinco años, notan que sigue persistiendo la desigualdad en nuestro país, que aún hay una gran cantidad de población viviendo en condiciones deplorables, completamente alejada de los frutos del supuesto desarrollo que reflejan las cifras de gestión gubernamental.

Es que les cuesta entender que el pueblo es humilde, no es ambicioso, no pide riquezas, no pide demandas que no se puedan cumplir: pide caminos de acceso, escuelas, maestros a tiempo, centros de salud equipados, con acceso a medicinas, apoyo a los micro y pequeños productores, precios justos para sus productos, apoyo en la comercialización, a transporte, etc.

La respuesta del gobierno son los grandes macroproyectos o proyectos, como los que se pretenden imponer, aprobando las reformas a la Ley Minera, pese al rechazo generalizado de la población, que estimulan las grandes ganancias para pequeños grupos de poder, proyectos que no son prioritarios para la mayoría de la población, sin que se desconozcan problemas como el transporte urbano, pero se requieren alternativas cónsonas con la deuda social histórica que sigue aumentando, gobierno tras gobierno.

No se puede hablar de democracia en estas circunstancias; por el contrario, va en aumento la violación a los derechos humanos y a las garantías fundamentales de la mayoría de la población actual y de las futuras generaciones. Las estructuras son injustas, la violencia está institucionalizada cuando el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la libertad, al juicio justo, a no ser capturado sin motivo, a la organización política y a la libre expresión es negado.

Por esto surge la necesidad de organizarnos y luchar por el logro de una vida digna para todos, de construir nuestra propia alternativa electoral.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI — FRENADESO.