Temas Especiales

04 de Mar de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Conflictividad y antagonismo

En un arranque de frustración el presidente Ricardo Martinelli le gritó a los ngäbe buglé —y a todo el país— que ‘no me interesa un comi...

En un arranque de frustración el presidente Ricardo Martinelli le gritó a los ngäbe buglé —y a todo el país— que ‘no me interesa un comino, un bledo o un guayabo las minas ni los mineros’. Ocultando sus verdaderos propósitos, con un alto costo personal y político, trata de ganar tiempo y rearticular el tema, en otra ley, en otro escenario. En todo caso, las palabras cortantes del gobernante reflejan un rasgo permanente de su personalidad: la conflictividad social y el antagonismo político radicalizado.

Con la frustrada reforma del Código de Recursos Mineros, Martinelli demostró que trastabilla con decisiones que pueden descarrilar al país por los laberintos de la ingobernabilidad.

En ese sentido la Asamblea Nacional de Diputados cometió la semana pasada —después de cumplir la instrucción de pasar la Ley de Minería— una nueva vergüenza al someterse a una orden directa de Martinelli para designar a Patria Portugal como defensora del Pueblo. La misión encomendada será escarbar en el pasado y voltear la cara ante arbitrariedades como los despidos masivos de funcionarios públicos, los muertos, quemados vivos, heridos y ciegos por las acciones inhumanas y la represión policial.

No conforme con controlar los poderes del Estado, Martinelli pretende acrecentar su patrimonio político —como lo denunció el PRD— comprando miembros de otros partidos mediante la extorsión, la obstrucción de la justicia y delitos electorales.

Dentro de esa cadena de sucesos las autoridades estadounidenses han vuelto a cuestionar al régimen martinellista. El reciente informe del Departamento de Estado sobre su Estrategia Internacional para el Control del Narcotráfico describe a la justicia y los órganos de seguridad de Panamá como ‘débiles y susceptibles de la corrupción de las organizaciones del narcotráfico’.

El documento advirtió que el narcotráfico ha penetrado el Servicio Aeronaval y la Policía Nacional. El aeropuerto internacional de Tocumen está bajo la mira por lavado de dinero, un tema que, según Washington, todavía no es prioridad para las autoridades panameñas y al cual no se aplican en forma sistemática las leyes bancarias.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá ya había revelado que Ramón Martinelli Corro, primo del gobernante y preso en México acusado de formar parte de carteles del narcotráfico, lavó decenas de millones de dólares mensualmente a través del aeropuerto de Tocumen y las sospechas que relacionaban al ministro de Turismo, Salomón Shamah, con el tráfico de drogas. Pero no hay investigaciones en curso para determinar dónde se lavaba todo ese dinero ilícito.

El informe estadounidense coincidió con la visita de Dominique Strauss—Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, quien advirtió sobre la amenaza de un recalentamiento ante el rápido crecimiento de la economía panameña y el precipitado programa de inversiones en infraestructuras. También llamó la atención a la inflación que en el 2010 alcanzó el 4%. Aconsejó realizar inversiones en proyectos sociales que repercutan en la toda la población. Y propuso invertir en educación, para que los panameños puedan beneficiarse con el crecimiento económico y no ser desplazados por trabajadores de otros países.

Una mayor inflación de la que tradicionalmente ha sido posible manejar, la marginalidad por el desempleo estructural, la mano de obra no calificada, la falta de expectativa de ascenso social y una mezquindad salvaje en la distribución del ingreso, forman un coctel peligroso para Martinelli. Además, junto al crecimiento económico, la pobreza no para de crecer. Eso es lo que da un arma de lucha a los pueblos indígenas y que tiende a ampliarse a los marginados de las ciudades.

Ejecutivos de las empresas mineras han dicho que Martinelli buscará un acuerdo con los ngäbe buglé para discutir posibles reformas y que dará oportunidad a los indígenas de expresar sus opiniones ‘antes de que se promulgue un nuevo código’. Diputados oficialistas hablan de buscar ‘una mejor ley minera para el bienestar del país’. Sectores políticos y ambientalistas coquetean con un referendo minero casado con otros temas. Hay que estar atentos para ver si al derogarse la Ley 8 se restaura la vigencia del artículo 4 de la legislación minera de 1963, que prohíbe la inversión de gobiernos extranjeros en la minería.

El país tiene frente a sí a un régimen fecundo en ardides. Lo más probable es que en el caso de la minería todo quede en un simple movimiento táctico que ni siquiera estuvo acompañado de frases auspiciosas.

Una democracia vigorosa es inseparable de los conflictos, desacuerdos políticos y luchas por el poder. Pero tampoco puede escindirse de la construcción y articulación de consensos inclusivos relacionados con los derechos y garantías básicas de la vida social.

*PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.