Parches constitucionales

Los parches podrían enmendar, aunque también ocultar lo que abajo está carcomido. Parchar la Constitución no es ajeno a las ya reiteradas acciones de pretender concentrar el poder político. El libreto para justificar las nuevas promesas, ahora desde la maltratada Ley Fundamental, nos vienen del mismo lugar: el Palacio Presidencial. Las verdaderas intenciones del parche constitucional no tienen fácil escondite; es evidente que lo que se busca es plasmar los mecanismos que faciliten a sus intereses las condiciones de transición de un gobierno que ha roto la institucionalidad. Eso de 100 para los 70 es, a decir verdad, meras justificaciones, el caramelo, de la propuesta. Si hacemos un ejercicio mental, reflexivo, de imaginación, resultarán en el horizonte los ejes desproporcionados sobre los que se soportan las reales motivaciones: se busca mantener el control del poder; poner sus barbas en remojo con aquello de los diputados nacionales.

Desde la promulgación de la Constitución de 1972, la de los militares, tres son los actos reformatorios en casi cuatro décadas del acontecer político. El primero, en 1982, dicta las pautas de lo que, en ese momento, fue denominado la ‘apertura democrática’ con ‘repliegue militar’. El nuevo contexto, en páginas escrita de las reformas, no detuvo, sin embargo, el descontrol del poder político. Le sigue la experiencia reformista de 1994 (la Administración de Endara había fracasado en su intento con un ‘no’ en el referendo). Con el acto reformatorio se aprueba un título sobre el Canal de Panamá y se dice ‘desmilitarizar al país’ con la prohibición, hacia futuro, de ‘tener ejército’. Para 2007, con Martín Torrijos, se operan otros cambios. En esta última, (y quien escribe participó en su aprobación), sigue el camino de regular algunas de las instancias de sistema político: se establece un número fijo de diputados, se elimina un vicepresidente, se fortalece el Tribunal Electoral; entre otras cosas.

Ahora, con el gobierno del cambio (eso sí, de retroceso) el rumbo se dirige esencialmente hacia la estructura del poder con ánimo de retención; acción totalmente ajena (y violatoria) al interés nacional. Los actores políticos al frente del gobierno han estado enarbolando la idea de la ‘reelección’, sea inmediata, o reducir a cinco años el marco de espera para que el presidente en ejercicio pueda postularse para otro periodo. Igual, se escucha el tema de la doble vuelta electoral, que poco tiene que ver con fortalecer la democracia, aunque sí encarecer los procesos además de fortalecer los mecanismos de las componendas políticas. Nada indica, sin embargo, que se cuelen otros intereses —por ahora ocultos—, de quienes con apetitos desmedidos ya introducen tan tempranamente al país en un escenario de confrontación electoral.

Sobre esa realidad, los actores de la comedia han prometido un amplio debate, así mismo como han prometido tantas otras cosas y que, por lo general, no se han cumplido. La primera baja ya es conocida. Es cierto que en Panamá es perentorio abordar la temática constitucional, hacerlo con seriedad, amplitud y participación. El nuevo reformismo, sin embargo, no será, según parece, distinto a lo que se viene practicando, como política de Estado, de imponernos una gestión de doble cara y de poca responsabilidad y nula transparencia. Política equivocada, y mezquina, que más temprano, que tarde, revertirá infructuosamente contra sus propios gestores.

*PRESIDENTE DEL PARLACEN.