Colegas educadores

POLITÓLOGO

E s tan grande el rezago y la crisis del sistema educativo nacional, que en verdad, da vértigo y duele muy adentro. Los resultados académicos y de desarrollo humano rayan en el desastre. Todo apuntala la peor de las hipótesis: se está produciendo una fractura generacional en la creación, reproducción y transferencia del patrimonio cognitivo y afectivo de la nación panameña.

Arranquemos por decir que nadie está exento de culpa, pero también que la carga no es pareja, porque si es cierto que el compromiso docente se ha deteriorado, también es cierto que se ha desjerarquizado, a tal punto la competencia pedagógica de los responsables máximos del sector, que ya ni saben hablar con los educadores, porque no entienden ni saben de educación. Negados para escuchar y proponer, se refugian en un autoritarismo cuya mayor insensatez es precisamente renunciar a la cooperación, el paradigma esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La legitimidad del petitorio de la masa magisterial sobre sus condiciones laborales y salariales está fuera de discusión. No hay solución del problema que no pase por aceptarlo, de manera generosa. Podemos diferir de su dirigencia, pero ella no cambiará hasta que no hayan cambiado las condiciones de las cuales surge su liderazgo. Y mucho menos cambiará a empellones, con violencia y con descalificación.

Tampoco se puede negar que la legitimidad de ese petitorio docente se ve empañada y socialmente demeritada por el pobrísimo rendimiento académico de los docentes. Nuestros estudiantes son testimonio viviente e innegable de esa realidad. Y si a los educadores no nos cabe toda la culpa de este deplorable estado de cosas, una parte sí. Y este es otro punto que debe estar fuera de discusión. Quien no lo acepte, de cualquiera de las orillas, no merece el privilegio de pararse ante un grupo de estudiantes, porque ni siquiera se ha dado cuenta de que simplemente es un impostor que finge enseñar.

En este contexto, se ahondará la desconfianza mutua y los que viven del problema conspirarán contra todo compromiso productivo y contra toda salida consensuada. Hay que atreverse a reconocer la responsabilidad que le cabe a cada uno, como un primer paso para acabar con la orfandad gremial y social de las políticas públicas en la educación, para ponerle fin a la ineficiencia de la labor académica y a la ineficacia de la administración de una educación cuya mercantilización extrema la ha convertido en un bazar de diplomas.

El tiempo es oro. Cada año sin brújula en este naufragio, es casi irreversible. Más tiempo pasa, más severo es el daño sistémico, porque las distorsiones del mercado laboral y la inicua distribución de la riqueza nacional se retroalimentarán de manera que por cada año perdido, se multiplicará por dos la brecha entre los muy poquitos que tienen mucho y una enorme masa de sub—educados, de analfabetas funcionales, de sub—asalariados, de sub—consumidores y de súper—endeudados. Ni que decir de ese contingente duro de pobres cuyo nivel de atraso, ignorancia y marginalidad bloquean su acceso competitivo al mercado de trabajo hoy, mañana y siempre. Son demasiados los que van quedando rezagados e imposibilitados de aprovechar las oportunidades que el país ofrece y a los que ya le están resultando urticantes los extranjeros.

Este cuadro desafiante se enrarece más con una globalización que estructuralmente expulsa mano de obra del proceso productivo, que desvaloriza el trabajo humano y deteriora tendencialmente el salario real, que debilita políticamente a las fuerzas populares y al pluriverso del trabajo a escala nacional e internacional.

Revertir todo ésto depende en una fracción insospechada de la voluntad nacional y de la calidad del liderazgo para alcanzar un consenso en la educación nacional, de la pertinencia de las herramientas institucionales públicas y civiles para acometer esa tarea. Depende también de la dotación y naturaleza de los recursos productivos disponibles, del acervo institucional y cultural del país y, de manera particular, de sus políticas económicas y fiscales, porque en un cuadro tributario ya muy inequitativo, es inaceptable el impuesto más regresivo y destructor de la cohesión social: la inflación. El país asiste a la paradoja de ser más rico que nunca, y más pobre. Y la educación es su única tabla de salvación.