La importante credibilidad del juez

EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.

Ú ltimamente han ocurrido acontecimientos que ilustran la necesidad de contar con instituciones dignas de la confianza ciudadana que despejen dudas surgidas en el ámbito público. Mucho se habla de la importancia de una administración de justicia expedita e imparcial, de jueces competentes e incólumes; pero la necesidad de confiar no se limita a procesos judiciales, porque debe incluir todo proceso dentro de cualquier órgano del Estado encaminado a investigar y esclarecer hechos públicos que originan controversias o suspicacias en la ciudadanía. Juez, en este contexto, es el funcionario que deba resolver contradicciones.

Últimamente hemos visto y oído versiones de hechos contradictorios, defendidas a capa y espada en los medios de comunicación, que nos dejan en la incertidumbre sobre quién dice verdad, quién tiene razón, quién exagera, a quién creerle. El asunto no es tan trivial como pudiera parecer a primera vista, porque nos puede alimentar una actitud de cinismo o de ‘no—me—importismo’ para nada edificante. Cito tres ejemplos.

El primero tiene que ver con la investigación de un delito común. Al descubrirse el asesinato espantoso de cinco jóvenes, salen a la luz versiones contradictorias en los medios de comunicación. Un individuo confiesa ser el autor e implica a otros; estos últimos niegan su participación. Se vincula también a dos miembros de la Policía, no sólo en los hechos sino en obstaculizar su posterior investigación. Todos se defienden en los medios escritos, televisivos y radiales. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién o quiénes son los verdaderos culpables y quiénes son injustamente acusados? La discusión pública no lo va a determinar.

Otra controversia de carácter político ha sido publicada. La dirigencia de un partido político promueve su extinción, uniéndose a otra agrupación política; representantes autorizados se reúnen para decidir. Un grupo aduce públicamente que una decisión favorable fue legítimamente acordada; otro grupo disidente, en total desacuerdo, alega que no se alcanzó el mínimo de votos requeridos para aprobar la moción. Voceros de una y otra facción acuden a los medios para dirimir sus diferencias y hacer sus alegatos ante la opinión pública. ¿Quién tiene la razón? La discusión pública tampoco lo va a determinar.

Otra controversia reciente trata de personas que se disputan derechos posesorios sobre unas mismas parcelas. Unos, después de haberlos adquirido de buena fe tras años de ocupación pacífica, enfrentan amenazas de desalojo; otros, reclamando que los adquirieron de quienes dijeron tener legítimos derechos, aseguran que no incurren en acaparamiento irregular de valiosas tierras. Unos alegan haber reunido a pequeños propietarios para facilitar un sólo trámite unificado que economizara costos sin perder privilegios por ello; otros acusan el juegavivo de quienes acomodaticiamente fragmentaron extensos terrenos para aprovechar privilegios fiscales otorgados por ley exclusivamente a pequeñas parcelas. Todos insisten en tener prioridad para convertir —gratuitamente— esos derechos en títulos formales de propiedad. ¿Quiénes dicen verdad? ¿Quiénes tiene razón y quiénes son inmorales aprovechadores?

Controversias así no pueden ser resueltas en medios de comunicación. Más que alegatos de parte y parte, se requiere la fuerza de la razón que aporten pruebas y análisis enmarcados en investigaciones diligentes, equilibradas y objetivas que, con apego al Derecho, sean dirigidas por investigadores y jueces co mpetentes y probos.

Como toda actividad humana, se pueden cometer errores. Pero necesitamos creer que, cuando los investigadores o los jueces expresen sus conclusiones, lo hagan con criterio independiente después de discernir los méritos del caso, según un recto entendimiento y una bien formada conciencia. De lo contrario, otra vez escucharíamos con rictus de ironía y de tristeza, otros dudosos dictámenes que sólo servirían para corroer aún más una indeseable desconfianza en nuestras instituciones.