¿Despenalizar qué?

PERIODISTA Y COLUMNISTA. EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SIP).

E se pacto entre los gobernantes y los ciudadanos mandantes es medular en el sistema democrático. También es un dato clave para cuando se debate el tema de la ‘despenalización de los delitos de prensa’, como ocurre actualmente en el Perú.

Es bueno precisar que ese tipo de delitos —difamación, injuria, calumnia— que atacan el honor o pueden lesionar la imagen y trayectoria de las personas, no son de prensa, sino de comunicación. Se pueden cometer por carta, en asambleas, en reuniones públicas o privadas, en un bar, meramente a viva voz, y por supuesto, a través de los medios de comunicación.

Llamarlos ‘de prensa’ conlleva generalmente —como lo enseña la experiencia—, una intención oculta de recortar derechos como lo es la libertad de expresión, de prensa, de informar y opinar y de recibir cualquier información. También es preciso advertir que cuando se habla de ‘la despenalización’, no se pretende una patente de corso para los periodistas y desamparar a los ciudadanos comunes. De ningún modo, estos deben estar protegidos y quienes abusivamente atentan contra sus derechos y libertades deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Cuando las víctimas son los ciudadanos comunes no hay discusión ni excepciones, lo que desbarata el argumento de que con la ‘despenalización’ se deja sin defensa al ciudadano común, de a pie, frente al ‘inmenso poder de los medios’. No es así ni nadie lo pide.

Lo que se reclama, concretamente, es que este tipo de situaciones no se puedan canalizar por la vía ‘criminal’ ‘para poder meter preso y amordazar al presunto culpable’, cuando ‘la presunta víctima’ es un funcionario público —cualquiera sea su cargo y posición— o personas que son públicas y notorias por su propia voluntad.

De eso se trata, de que no existan ‘leyes escudos’ —llamadas de insulto o desacato— para que los funcionarios y personas públicas puedan evitar el escrutinio ciudadano y que a la vez constituyan una espada de Damocles para la prensa y una forma de incentivar su autocensura para cuando deban informar a los ciudadanos sobre lo que hacen sus representantes con el poder que les delegaron.

Más que leyes escudo, lo que hay que aprobar son leyes que garanticen a los ciudadanos el libre acceso a la información pública. Y no pasa por meter preso a los periodistas. Hay que cumplir con el pacto, con lo asumido cuando se es postulante y se pretende recibir el poder, sabiendo a la vez que deberán ser transparentes y que van a ser mirados por todos. Cada candidato sabe que pretender gobernar y estar por sobre los ciudadanos comunes implica informar de todo lo que hacen y también en gran medida sacrificar su privacidad.

Dos ejemplos: un ciudadano común en su propia empresa puede designar hijos y familiares en los cargos que quiera; en el sector público eso es nepotismo y hay que informarlo. Tener amantes es un asunto privado, pero en el caso de un funcionario público si ello implica privilegios —cargos o concesiones del Estado— para el o la amante, esa relación deja de ser un asunto privado y debe ser divulgada.

El argumento de la ‘privacidad’ en la persona pública es muy discutible. No significa, empero que se anule totalmente su intimidad. Cuando esta efectivamente es violada es de derecho que exijan una reparación por la vía civil, pero sin escudos y ni con esa opción de meter preso y callar al comunicador, al que quiere saber qué pasa y que en realidad lo que quiere es decirle al resto de los ciudadanos qué es lo que está pasando con aquellos que le están manejando sus asuntos.

Los funcionarios, las personas públicas pueden recurrir a la justicia civil y estarse a lo que los jueces decidan, que es como tiene que ser en un sistema democrático donde existen tres poderes y cada uno de ellos es independiente y autónomo y se equilibran y contrapesan entre sí.

No nos estamos refiriendo, por supuesto, a lo que ocurre en esta materia en el Ecuador de Rafael Correa. Eso es otra cosa.