Tribulaciones de la mujer del César

La frase, atribuida a Julio César cuando recordó a Pompeya la importancia de ser honesta y también de parecerlo, aplica cuando alrededor de una persona inocente se tejen sospechas de actos ilícitos o irregulares. El presidente de la República la ha citado, por ejemplo, cuando declaró que ‘un asesor de un ministro no debe reunirse con presos y estar haciendo ningún trato de nada’.

Viene al caso ahora por recientes noticias que se originan en investigaciones actualmente adelantadas por la justicia italiana en Roma y en Nápoles, porque han salido a relucir situaciones aceptadas —o no desvirtuadas— por las autoridades panameñas; puede que no constituyan actividades ilícitas en sí, pero al menos producen suspicacias que merecen ser investigadas. Me limito a reseñar una percepción derivada de los hechos aceptados.

El punto estriba en las evidentes relaciones amicales de funcionarios públicos panameños con dueños o representantes de empresas que tienen contratos de obras o servicios con la nación o que persiguen distinciones especiales. No se trata de endilgar acusaciones de malos manejos únicamente por cultivar un compañerismo excesivamente espléndido; se trata de cuestionar, con la mayor objetividad posible, si funcionarios públicos deben sostener estrechos lazos de amistad informal con empresarios privados, cuando cada uno tiene intereses y responsabilidades diametralmente opuestas.

Al empresario privado lo motiva el lucro proveniente de sus actividades, la posibilidad de obtener el máximo rendimiento de los recursos que aporta a su empresa, y el reportar jugosos beneficios a sus accionistas; mientras que la responsabilidad primordial de un funcionario es defender el interés público, asegurando el máximo provecho y calidad de bienes y servicios recibidos o por recibir, al menor costo. En su esencia, son intereses divergentes, confrontados, contrapuestos.

Hemos visto imágenes de funcionarios del más alto rango compartiendo alegres peregrinajes a un campeonato mundial de fútbol en otro continente y compartiendo festivos banquetes privados con representantes de empresas que realizan o persiguen multimillonarias obras de infraestructura, como carreteras y hospitales en todo el país. No se ha desvirtuado el hecho de un periplo de asueto a un resort en el Mediterráneo, sufragado por un individuo que perseguía un nombramiento como cónsul panameño en su país. Se ha aceptado haber facilitado transporte oficial terrestre y aéreo local a un ciudadano particular extranjero, representante de una empresa privada extranjera —que no de un gobierno— y su despejado acceso a la alta burocracia panameña.

El Código de Ética de servidores públicos de 1991, reformado en 2004, dispone innumerables advertencias contra el tráfico de influencias, tales como actividades que puedan dañar la confianza de la comunidad; ostentaciones que pongan en duda la honestidad del servidor público; conductas que sean objeto de reproche; beneficios o ventajas indebidas que se arropen bajo una autoridad, influencia o apariencia de influencia; beneficios, promesas u otras ventajas que se otorguen, soliciten o acepten de personas que sean o pretendan ser contratistas de bienes o servicios de la institución que dirija o donde se desempeñe el funcionario, excepto gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos o entidades sin fines de lucro, o beneficios de valor exiguo acostumbrados por razones usuales de amistad o relaciones personales.

Es evidente que no corresponde a medios de comunicación formular cargos ni juzgar ni decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los implicados en estas pesquisas; a su debido tiempo, corresponderá a los tribunales italianos y, si fuera del caso, a decisiones soberanas de fiscales y jueces panameños.

Pero si hasta ahora queda alguna lección mínima es que incumbe a nuestros funcionarios ser honestos, sensatos y prudentes. El mundo los mira.

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.