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24 de Sep de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Marcar límites políticos

S u comportamiento ha demostrado que Ricardo Martinelli no conoce límites. Una realidad que escandaliza a la oposición política, a los g...

S u comportamiento ha demostrado que Ricardo Martinelli no conoce límites. Una realidad que escandaliza a la oposición política, a los gremios, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general. Su estilo de atropellar lo que encuentra a su paso ha generado mayor desequilibrio al sistema político y destruido los elementos de contrapeso.

Echando mano de métodos inmorales y de complicidades individuales ha sometido al poder Legislativo, al Judicial y al Ministerio Público, lesionando la institucionalidad y socavando la práctica democrática. Esta embestida no puede ser tomada con naturalidad por el arco político nacional como si formara parte de los derechos del jefe del Ejecutivo.

Ya nadie se come el cuento de que las acciones de Martinelli expresan los intereses de la Nación y garantizan la justicia de cualquier iniciativa. Hace mucho que la ciudadanía no le cree. Su desprestigio y cero credibilidad, no tienen precedentes en la historia nacional.

De nada vale que dilapide unos $50 millones anuales en propaganda, que queda mayormente en los bolsillos de los funcionarios que pautan y en los medios de comunicación oficialistas o amigos del poder. No hay forma de que se recupere del descrédito público por haber defraudado a la mayoría de los electores.

El gobierno martinellista se ha caracterizado por la arrogancia y el afán de aplicar premios y castigos en función de un mayor o menor alineamiento político con la facción gobernante.

Desmejora, además, el clima de inversión y hay menos optimismo que cuando Martinelli inició su gobierno, con una clara tendencia a empeorar. La interrogante sigue siendo qué está haciendo para reducir la pobreza, el clima de inseguridad, la inflación y el deterioro de la salud y la educación pública.

El mal humor de los panameños que lo respaldaron con el voto y los que no lo apoyaron, se está apoderando de la ciudadanía. Martinelli puede imponer decisiones al Órgano Judicial, porque maneja cual fichas en un tablero a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ha convertido al procurador general de la Nación en un títere encubridor o perseguidor. Puede lograr la aprobación de leyes impopulares, porque ha logrado con tránsfugas y diputados prostituidos una mayoría en el Órgano Legislativo. Pero con lo que no puede contar es con la mayoría en las calles.

Martinelli ha dejado sin efecto la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas y los entes anticorrupción, por mencionar algunas instancias convertidas en apéndices de las decisiones que emanan del Palacio de las Garzas.

En sus últimos discursos Martinelli ha apelado a la fantasmagórica representación de un pueblo, con el que no tiene interlocutores y que lo considera un verdadero fraude. El suyo es un gobierno en el que la ciudadanía no se siente representada, porque solo representa a quienes están usando el poder para robarse la riqueza del Estado y hacer negocios con las empresas a las que les entregan los contratos, la mayoría de los cuales no cumplen con requisitos mínimos de transparencia.

Es el caso clásico de Estado ausente, que no es intervencionista ni regulador, que no resuelve los problemas que la ciudadanía reclama. Lo que se experimenta es que desde el Estado un grupo de facciosos se están adueñando de la riqueza que pertenece a todos los panameños.

Es por eso que cualquier llamado al diálogo o la concordia suena hipócrita, por cuanto a lo largo de los últimos tres años, en lugar de una vocación oficial por construir consensos que se traduzcan en políticas de Estado, tan solo ha habido una inclinación hacia la consolidación de un insaciable proyecto de poder y de una codicia sin límites.

La buena noticia es que a Martinelli no lo enfrenta una oposición fragmentada, sino una alianza de fuerzas constituida en el Frente de Defensa de la Democracia, que ha trazado objetivos de Estado como parte de una agenda que recoge los intereses de los más diversos sectores de la vida nacional y que le está marcando los límites políticos.

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.