Temas Especiales

22 de Sep de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Finanzas públicas bajo asalto

Cuando no atinaba a anticipar qué problema se disputaría el primer lugar en el ranking de sus pesadillas, ganó jerarquía el tema de las ...

Cuando no atinaba a anticipar qué problema se disputaría el primer lugar en el ranking de sus pesadillas, ganó jerarquía el tema de las finanzas públicas. La obsesión de Ricardo Martinelli por crear un espurio Fondo de Ahorro de Panamá, para darle un zarpazo a los activos del Estado, producto de las privatizaciones, ya había encendido alarmas. Pero, cuando se pretendió pasar una ley para obtener, según cifras oficiales, $400 millones faltantes en el presupuesto —aunque economistas independientes aseguran que son $500 millones— vendiendo acciones de empresas mixtas, los terrenos de la Zona Libre de Colón y de Amador, quedó al descubierto la gravedad de la situación.

Como telón de fondo, la sorpresiva renuncia del director de hecho del Presupuesto Nacional, Roberto Lugo, reveló que hay unos $200 millones de cuentas por pagar que no están registradas en la contabilidad oficial, que Martinelli aplica una política de látigo y chequera a los diputados y que el espionaje telefónico y de Internet, del mismo modo que con los opositores, es una práctica cotidiana en instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas.

Además de maquillar unos $200 millones en cuentas presentadas al gobierno, sin registrar para no aumentar el déficit fiscal, Lugo recibió la orden de reasignar en el Ministerio de la Presidencia todas las partidas de publicidad de las instituciones públicas. Lugo, comprendiendo la gravedad de lo que le estaban pidiendo, le explicó a de Lima que las dos acciones violaban la ley de presupuesto.

Ante la tozudez del titular del MEF, Lugo decidió enviarle una nota sustentando las razones técnicas por las cuales no podía cumplir con sus exigencias. Días más tarde, de Lima aseguró que no había recibido la nota y le ordenó a Lugo que buscara cómo incrementar las partidas de los diputados que aprobaran el fallido proyecto de ley para vender las acciones del Estado. Semanas antes, de Lima le había pedido a Lugo que bloqueara partidas para diputados de oposición.

Tras esa última reunión con de Lima, Lugo buscó en su computadora la nota enviada al ministro y no la halló. Misteriosamente había sido borrada de su computadora. La encontró rastreando en el sistema de informática y junto con el celular del MEF y su carta de renuncia, la dejó en el despacho de de Lima el pasado lunes 18 de junio.

El presupuesto del 2012 se balanceó, violando la ley, al contemplar ingresos que no eran de libre uso. Algo similar se está dando en el presupuesto del 2013, con el agravante de que se requieren unos $1,000 millones que solo podrían ser incluidos en la ley de gastos con un asalto al ahorro nacional.

La falta de liquidez es un problema real que pretende solucionarse vendiendo los ahorros del Estado. El mismo titular del MEF reconoció, sin sonrojos, que ‘se está vendiendo el patrimonio para (supuestamente) reinvertirlo en otro patrimonio’.

El FMI, firmas de servicios financieras y asesoras de inversionistas han advertido que el crecimiento de la economía, que solo beneficia a unos pocos, se ha visto acompañado de un deterioro fiscal por la falta de transparencia en el manejo de las finanzas del sector público y la improvisación en la planificación de las obras públicas.

Ante el rotundo rechazo ciudadano y del Frente de Defensa de la Democracia, Martinelli se vio obligado a discutir la venta de los ahorros del Estado en la mesa de la Concertación Nacional que también le dio con la puerta en la cara. Lo que queda es que la misma Concertación declare que Martinelli no puede, sin pagar las consecuencias, comprometer gastos que se conviertan en carga para las próximas administraciones y las futuras generaciones.

Pero Martinelli pretende, mediante artilugios presupuestarios y contabilidad creativa, esconder la realidad de unas finanzas públicas sometidas al endeudamiento irresponsable, la falta de transparencia en su manejo y a la rapiña de una administración en la que si la inmoralidad es contagiosa, la corrupción lo es más.

PERIODISTA