La exigencia de cambios constitucionales

Una constitución expresa el pacto de los ciudadanos de un país para regular las situaciones internas de la sociedad. Es un compromiso regulatorio, en que las partes se conceden reconocimiento de sus diversas expresiones sociales, tales como: atribuciones, derechos y límites de los diversos estamentos.

Una constitución cambia cuando la base social sobre la cual crecen esas expresiones, esos derechos y compromisos cambian. Y esa base social cambia cuando la base material ha experimentado un cambio importante.

La exigencia de cambios en la Constitución nacional panameña tiene un aspecto esencial o de contenido y otra formal que se expresa en su operatividad. En su contenido y esencia la Constitución actual no refleja las nuevas realidades de los cambios en la base social y territorial panameña. En lo formal la Constitución se presenta como inoperante, porque las reformas que se le introdujeron son ajenas al sentido originario de la misma.

La Constitución de 1972, con sus defectos, pretendía sentar las bases de una participación popular en el Pod er; de carácter ampliada y novedosa, y a su vez permitir la participación del Poder del Estado en la economía, de forma también novedosa y ampliada, como promotor y gestor de la misma. Lógicamente los cambios operados la hacen ya no funcional. Los cambios previos buscaban liquidar su carácter de presencia estatal y desnaturalizarla. Introducir más cambios implica continuar con la política de reforma a la Constitución de 1972, ya emparchada cuatro veces.

Esta Constitución, desnaturalizada por acción de la misma oligarquía cuestionada en la formulación constitucional original, es un freno para nuestro progreso y desarrollo nacional, y para que el mismo produzca la adaptación del país a las nuevas realidades mundiales.

La esencia del reclamo, que hacen las fuerzas sociales en el interior del país, es que se produzca una participación pluralista, con sentido nacional y patriótico, que impulse una política de ampliación social, bajo un proyecto de desarrollo económico de las fuerzas productivas nacionales, que sea auténtico, racional y sostenible.

El resultado objetivo de la propuesta actual es la introducción de cambios cosméticos que permiten acomodar o adecuar la Constitución a las exigencias externas, y aplacando sin resolver las internas, para que —bajo la apariencia de cambios— todo siga igual en la esencia del poder. Esto es lo que se conoce en el lenguaje político-literario como ‘gatopardismo’.

La reforma necesaria de la Constitución debe darse en una atmósfera de legitimidad nacional y popular de doble base, legítima por su composición y legítima por la forma de su convocatoria. No puede ser legítima si el proceso inicial de reforma se confía a una legislatura previa cuyos miembros, en su mayoría, no han sido reconfirmados en su mandato.

Solo con otra base puede una Asamblea abordar las tareas necesarias e imprescindibles, relacionadas con la consolidación de los logros obtenidos al lograr la devolución de nuestro patrimonio canalero y la cancelación de la presencia militar directa en forma de bases militares. Ellas son: consolidar la nacionalización del Canal, impidiendo su corporatización y vincularlo a la gestión integrada del desarrollo nacional armónico y sostenible; consolidar la gestión integrada del ambiente; promover la participación social y general en la movilización de las fuerzas productivas; y la preservación de la identidad nacional en el marco de la unidad creciente del mundo en la vía de la ampliación de la ciencia y la técnica. Entonces, ¿cuál es el camino?...

MÉDICO