¿Corrupción o juegavivo?

H e dedicado, ahora que por la diálisis me toca pasar 12 horas semanales recluido en un hospital, horas meditando sobre el problema de la percepción de corrupción que rodea a los que ostentan cargos públicos. Basta que tú seas ministro de Estado, viceministro o director de una entidad para que tus conciudadanos empiecen a sospechar que te estás enriqueciendo en el puesto. Ni hablemos de diputados, alcaldes y presidente, esos tienen acceso a botines más grandes. ¿Pero, existe realmente esa corrupción generalizada que parece estar presente en toda compra, licitación y contrato del Estado?

Primero hay que entender a nuestro pueblo. El panameño da por un hecho que donde pueda generarse una utilidad, coima o ganancia, alguien habrá para aprovecharse. Segundo, el panameño parte de que los empresarios son corruptos, que para asegurarse una licitación, concesión o contrato, el empresario, local o internacional, ofrecerá dinero a quienes tomen parte en la decisión. Otra percepción del panameño es que no es posible asignar contrato, licitación o concesión sin la aprobación del titular, director o ministro, y si es grande el contrato, sin la aprobación del presidente, por lo que concluye que no es posible que si un empresario ofrece dinero por un contrato, concesión o licitación, no le toque nada al titular o al presidente.

Luego, a todo lo anterior, hay que sumarle la premisa principal, el panameño aprende de pequeño al juegavivo. Una vez nos dijo el general Torrijos que ‘al último pendejo lo habían atropellado en la Tumba Muerto, ya no quedan panameños pendejos’. Cierto. El típico panameño es vivo, es más, vivísimo. Entonces no nos debe sorprender que empleados subalternos encuentren la manera de darle la vuelta al jefe y encontrar la forma de ellos vender información, vender calificaciones y evaluaciones y al final adjudicar contratos, concesiones y licitaciones. Como tampoco descartemos a los empresarios, los verdaderos reyes del juegavivo, que saben a quién dar cuánto y cuándo para asegurarse los contratos.

Con todo lo anterior, veamos los grandes escándalos recientes. La titulación del ‘parque’ de Punta Paitilla fue un intento burdo de una ilegalidad que iba a saltar a la vista por lo expuesto del terreno, pero de hecho muchas tierras puede que hayan sido registradas en lugares remotos y poco visibles que jamás se darían cuenta contribuyentes ni ministros del ramo, con solo contar con funcionarios en ANATI y el Registro Público. Cuando salta Juan Hombrón es por las ambiciones e intereses de tercero, pero todos sabemos las titulaciones y negociados con derechos posesorios que se venían dando desde el gobierno de Pérez Balladares. Basta revisar de quienes son las tierras de la Costa Arriba, Costa Abajo, mucho de Coclé del Norte, etc. Y quitando el asesinato nunca aclarado del Ingeniero Saurí, director de la Reforma Agraria en Colon años atrás, no parece que preocupara a muchos lo que se estaba dando.

Este gobierno ha enfrentado denuncias e investigaciones en programas como 100 a los 70, así como compras a precios inflados en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero, ¿está el ministro involucrado?, ¿está el presidente enterado al ocurrir? No necesariamente. En el juegavivo de los 100 a los 70 puede ocurrir por viveza de viejos que no calificaban o negligencia de funcionarios al revisar expedientes, o bien complicidad de funcionarios con juegavivos, todo lo cual puede suceder a espalda del ministro. De igual forma, un jefe de compras puede perfectamente arelar compras por encima de los precios reales, solo con una buena auditoría lo puedes detectar, pero, ¿y si el auditor es parte de la trampa del comprador?

Lo mismo lo aplico a la última denuncia de corrupción. La indemnización por los cupos de buses que se retiran dando paso al Metrobús. ¿Quién o quiénes pudieron hacer esa trampa? Ese manejo no requiere de la complicidad del ministro, el encargado de indemnizar en acuerdo con indemnizados juegavivo, pueden haber arreglado pagos ilegales. Claro que en todos los casos el costo político de la corrupción le cae a gobierno y políticos. Pero, ¿son los ministros los corruptos o vivimos una sociedad tan corrupta que hoy funcionarios, empresarios, profesionales, buscan siempre como ganar con la trampa?

El gran pecado de los últimos gobiernos, ha sido confundir el rol de la Contraloría. Como los presidentes, todos, han creído que la Contraloría General es para auditarlos a ellos y sus proyectos, buscan poner un contralor comprometido con ellos, hasta su familiar, para evitar el áudito. No entienden que mientras más estricto sea el contralor, más seriedad habrá en su gobierno, más honestidad en todas sus actuaciones. Un contralor como Alberto De Obarrio, Rubén Darío Carles, te garantiza la honestidad. Pero mi tío, mi empleada, mi compadre, jamás me servirá.

Hoy, el gobierno de Martinelli y los ministros de este gobierno, pagan el precio de una Contraloría que no parece estar actuando. Todos los casos que han sido denunciados, están refrendados por la Contraloría. Y la percepción es que en todos están involucrados del ministro o director hacia abajo. Ese es el precio de no investigar, de no separar de cargos y encausar a los supuestos delincuentes, el precio por la impunidad que revisten las denuncias de corrupción. Cierto es que todos los gobiernos de nuestra nueva democracia han caído en el mismo pecado: encubrir y proteger funcionarios acusados por delitos y no permitir una investigación rápida y amplia que los liberara de toda culpa, en su defecto, han preferido la sombra oscura de la percepción de corrupción.

INGENIERO Y ANALISTA POLÍTICO.