A la espera de que la justicia se cumpla

H ace 42 años, a inicios de mi carrera militar profesional, se dio un hecho lamentable en el cual una unidad salió del cuartel, armado de bayoneta, en un aciago domingo de carnaval. Nadie sabía por qué el guardia Andrés García en estado de ebriedad, cegado por los celos, profería amenazas de muerte contra su esposa y su suegra.

El episodio ocurre en la casa de ésta. La esposa y sus hijos, advertidos por un joven que García iba a matarlos, permanecían agazapados a distancia, temerosos de la amenaza y sin visual hacia donde se desarrollaban los hechos. Así lo ha declarado la esposa en el expediente.

Acudimos en defensa de esa familia. Al llegar al lugar, la unidad se me abalanza bayoneta en mano, con aviesas intenciones. Siguiendo el procedimiento policial, hice dos disparos de advertencia para contener al agresor, quien no se detuvo. Finalmente, accioné hacia su pierna. Si la intención hubiese sido matar, habría impactado en área más letal de su anatomía. Una herida en la pierna luego de la advertencia, no refleja intención de terminar con la vida de una persona.

Esa familia tiene que saberlo. El Ministerio Público y mis abogados recopilaron hechos y elementos alrededor del incidente, que han volcado en las hojas de un nuevo expediente. Todo lo que aquí afirmo ha sido declarado por testigos y peritos. Y aunque consta en ese portafolio, no veo acuciosidad en contrastar lo que fue publicado de forma interesada y lo que prístinamente reposa en el expediente como lo sucedido ese día.

Hace cuatro años, el periódico La Prensa publicó una versión de los hechos alejada de lo que en realidad sucedió. A partir de entonces, cayó sobre mí toda una serie de falsas acusaciones y versiones tergiversadas de los hechos, que han tenido implicaciones terribles en mi vida. Nado contra la corriente de ciertos medios escritos, que insistieron en publicar situaciones y circunstancias deformadas. Se han manipulado muchos hechos de manera malintencionada, con el propósito de convertirme en un criminal que no soy, ante la opinión pública.

Recordar un incidente tan dramático de la manera como fue presentado por un periódico ha sido tener que revivir ese momento una y otra vez. Es ser juzgado dos veces por el mismo hecho con más de 40 años de diferencia. Este lamentable suceso ha sido muy doloroso para ambas familias, sobre todo por las implicaciones que involucra la pérdida de un ser querido.

Sé que no es culpa de esa familia. Comprendo el sufrimiento vivido por la ausencia del padre fallecido en esas circunstancias. Me solaza pensar que todos, su esposa, su familia, la mía que sufre también y yo, seremos juzgados por Dios en el juicio final. A Él le corresponde la justicia divina.

He seguido las versiones con el interés de uno quien comprende lo que se juega. También lo hago con las declaraciones y posiciones de la familia del difunto atribuidas por la prensa hace cuatro años, sobre todo, porque se contradicen con las hechas al momento del suceso y ante el Ministerio Público.

Lucho contra la injusticia. Pero no contra la esposa o su familia, a quien hace 42 años fui a defender. Ella lo sabe. Ahora es también una víctima de los que han montado este fiasco jurídico. Es increíble que personas se hayan aprovechado del sufrimiento y dolor ajeno, con objetivos inconfesables.

No obstante, el Derecho sustenta los recursos que puedo utilizar para hacer valer la razón de mi justa causa. Entre ellos, el Debido Proceso, la Legítima Defensa y la Prescripción.

Hoy, nuevamente soy procesado por un caso perdido en el tiempo, así como también está perdido el expediente en donde se me exoneró hace 42 años, cuando sucedieron los hechos. No tengo la culpa que se haya extraviado. Todo conocedor imparcial de la materia sabe que este es, además, un caso prescrito. La ley lo considera así después de 15 años de ocurrido. Aquí transcurrió casi el triple del tiempo.

Mañana, bien podría ser cualquier otro panameño a quien le nieguen tal derecho. Esto sienta un precedente en la administración de justicia en forma indebida, desconociendo lo plenamente comprobado en la investigación y establecido en un expediente.

Mi currículum demuestra que, producto de mi esfuerzo, logré asumir cargos públicos y privados desde donde supe desempeñarme como un profesional productivo y ciudadano intachable. Ahora, se pretende juzgar a este ciudadano de hoy, más que hacer justicia al difunto y a su familia.

Me ha tocado sufrir la exposición a un proceso que todos los conocedores califican de tener motivaciones políticas, por el simple hecho de ser ministro de Estado al momento de la denuncia periodística.

¿Qué otro calificativo creen ustedes, otorga el foro abogadil que permanece impactado por la negación de un sobreseimiento por cumplimiento del deber, por la calificación correcta de los hechos y una prescripción obvia y demostrada? Incluso se hacen comentarios sobre cómo se ha violado el Debido Proceso y el derecho a una justa defensa.

Yo los invito a que reflexionen de todo lo aquí expresado. Estoy seguro de mi absoluta inocencia. No he hecho nada distinto que apoyarme en los mecanismos de ley para resolver esta situación que ya hace tantos años fue atendida en Derecho y que produjo la exoneración total por no haber cometido delito alguno. Solo espero que los Tribunales así lo declaren prontamente.

ABOGADO.