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18 de May de 2022

  • Redacción Digital La Estrella

Opinión

Admoniciones presentidas

Las cadenas de acontecimientos, iniciadas desde hace un año con movilizaciones indígenas en Bocas del Toro, San Félix y Barro Blanco, au...

Las cadenas de acontecimientos, iniciadas desde hace un año con movilizaciones indígenas en Bocas del Toro, San Félix y Barro Blanco, aunadas a las protestas en Colón contra la dilapidación del patrimonio nacional en aras de proyectos depredadores varios: mineros, hidroeléctricos, etc.; nos convence de que el tejido social está deshecho y la gobernabilidad ha perdido su sustrato lógico, que es la aceptación social de la acción gubernamental.

Los gobiernos sucesivos, y el presente en mayor escala, han profundizado los rasgos negativos de la configuración del Estado, que estando presentes desde el inicio de la República reverdecieron como consecuencia del rumbo antiestatista impuesto post invasión.

La nación panameña, después de 109 años de independencia, está consciente de que el esquema de desarrollo dis-armónico impuesto al país por la presencia en su seno de una ruta de tránsito interoceánica, primero ferroviaria y después canalera, no ha hecho más que ahondar la existencia de dos países conviviendo bajo un mismo Estado: el país de tránsito y el país profundo agro-productivo; el primero rozando promedios de productividad con rangos que ostentan los países punteros de la economía mundial, aunque con una profunda inequidad y un desempleo barrido bajo la alfombra en la forma de subempleos, actividades precarias y trabajo no decente. Al lado tenemos un país agro-productivo realizando tareas irrenunciables para la seguridad alimentaria mundial, que no han de desaparecer jamás de la prioridad humana; no obstante, la importancia de esta parte del país se reduce progresivamente, evidenciada en la precarización de su significación en el PIB, y se minimiza realmente por la reducción del área geográfica destinada a estos menesteres y por la fuga masiva de la población hacia la zona de tránsito.

Esta dicotomía de los dos países, que ha sido rehuida como tarea pendiente por las administraciones republicanas, salvo honrosas excepciones, permanece inalterada, ilegitimando para la historia a los sucesivos gobiernos y se ha profundizado por la grave falencia conceptual del presente gobierno.

El reconocimiento de lo anterior obligará a la ciudadanía a trazar una raya de no retorno en su aspiración de desarrollo armónico e integral para toda la República. Presiento que en algún momento se producirá una convergencia en torno a las necesarias admoniciones que han de efectuarse a los gobernantes:

Las personas y organizaciones convergentes, efectuarán una declaración de advertencia, dirigida a las compañías que invierten en: concesiones de uso, adquisiciones de patrimonio social y natural inalienable (como subsuelo en tierra firme y subsuelo bajo aguas, islas, cabeceras y cursos de agua, playas y bosques protegidos); y en emprendimientos estratégicos, hídricos, viales, comunicacionales, energéticos y mineros que, por su naturaleza, deben ser de carácter estatal y sometidos a la voluntad social de uso adecuado o prohibición de los mismos. De igual forma, esta advertencia irá dirigida a personas que en carácter de funcionarios públicos, coadyuven a facilitar la apropiación indebida, enajenación y despilfarro de los recursos naturales y patrimonio social enumerados en el párrafo anterior, y que como consecuencia pongan en riesgo jurídico el patrimonio del Estado y del conjunto de la nación.

Con respecto a los inversionistas que emprenden las acciones depredadoras en el territorio nacional enumeradas anteriormente, recibirán la advertencia de que no deben ampliar su inversión y presencia física, porque la voluntad nacional es: 1. Clausurar esas explotaciones y emprendimientos cuando sea necesario ambientalmente; 2. Expropiarlos cuando su producción sea socialmente necesaria para dirigirla al bienestar colectivo; 3. Regularlas, dentro de una visión de emprendimiento conjunto, cuando lo requieran las necesidades de desarrollo sin menoscabo de la soberanía nacional.

Al funcionariado público de jerarquía superior involucrado en concesiones antinacionales que desempeñen funciones ejecutivas, legislativas o judiciales, se les advertirá que no deben fundamentar falsamente su intermediación para vulnerar el patrimonio social, porque la voluntad nacional es: 1. Auditar exhaustivamente la ejecución general del Gobierno, de cada proyecto y acción ejecutada con base a fondos públicos presentes y futuros. 2. Vincular la responsabilidad particular en el desempeño público con el patrimonio privado, personal o corporativo, de los culpables de dilapidar recursos del pueblo y la Nación panameña, mediante acciones de cautelación sobre los bienes de quienes atenten sobre el patrimonio social y nacional.

A las instituciones públicas en sus variantes: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, se les comunicará que han sido desnaturalizadas irremediablemente, y que en consecuencia los estamentos sociales han de reunirse en forma autoconvocada con intenciones fundacionales para diseñar en libre Asamblea de los Representantes Estamentarios la nueva estructura del Estado que reclaman los panameños.

Será una advertencia solemne que declarará que es voluntad soberana de la nación corregir todo acción ilegítima tomada, o por tomarse, en contra de la soberanía popular y nacional así expresada. ¡Lo veo venir!

MÉDICO.