¿Por qué los paños tibios?

R esulta evidente que el gobierno, de manera apresurada y desordenada, decidió concesionar el servicio del transporte público capitalino. El colofón que vemos hoy es el maltrato a los usuarios, aunado a una actitud timorata de las autoridades, que se muestran incapaces de corregir los daños que diariamente permiten que se causen a tantos panameños.

Recordemos que, al ser privatizados los servicios de energía y telefonía, se creó un ente regulador —hoy ASEP— con la función de fiscalizar la calidad y costo de esos servicios, y de sancionar ejemplarmente cualquier incumplimiento de los concesionarios. Recordemos también que la opinión pública se opuso en su oportunidad a un esquema similar de privatización del servicio de agua potable.

El transporte colectivo es, para el panameño de a pie, un servicio tan importante como el de agua, porque depende de él para poder trasladarse a cumplir la mayoría de sus actividades indispensables: asistir al trabajo, educarse, conseguir alimentos, acudir a centros de salud y, en fin, realizar todas las actividades normales como parte de una colectividad organizada. Y fue precisamente por esa razón que en la campaña electoral del 2004 el candidato Guillermo Endara propuso en su Programa de Gobierno la municipalización del transporte colectivo, no la privatización. El fundamento de su propuesta consistía en una realidad de nuestro sistema de gobierno: que es a nivel del municipio, por ser la autoridad más cercana al usuario, donde se puede encontrar el mayor interés político por atender a la presión ciudadana que exija un servicio público de calidad, libre de quejas que puedan tener un costo político directo contra autoridades municipales sordas. Es más: en el caso de la capital, se proponía la creación de una entidad intermunicipal compuesta por los municipios de La Chorrera, San Miguelito y de la capital para organizar un servicio coordinado y económico del tráfico interurbano.

El anterior ministro de la Presidencia, de acuerdo a sus principios neoliberales, se lanzó por el camino de la privatización de este servicio público en la idea de que una empresa privada es más eficiente que un organismo estatal. Mito o no mito, lo cierto es que el móvil de la empresa privada es lograr ganancias para sus propietarios; y es evidente que el objetivo de las compañías MiBus y Sonda es obtener ganancias en Panamá para sus accionistas chilenos, colombianos y de cualquier otra nacionalidad, incluyendo también panameños, si los hay.

La ganancia puede ser objetivo válido para el empresario privado, pero inadecuado cuando de un servicio público se trata. De ahí que la concesión del servicio lleve aparejada la más amplia facultad de control y de fiscalización por el Estado en beneficio y protección del usuario. Evidente y lastimosamente no existe aquí hoy. El director de la ATTT ha admitido públicamente que Sonda ha incumplido su obligación de ubicar mil sitios de recarga de tarjetas y no lo ha hecho; por ello es sancionada con B/.2,000.00 y premiada con un plazo adicional de treinta días, no multados, para que pueda cumplir lo que debió hacer al iniciar actividades meses atrás. Los gerentes de MiBus no pueden negar los retrasos de las frecuencias y la falta de paradas y de vehículos, pero son multados con B/.1,000.00 por el total de incumplimientos diarios sin exceder de B/.11,000.00.

¿Por qué tanto paño tibio y ausencia de castigo efectivo? ¿De qué valen multas irrisorias de la ATTT que, lejos de sanciones ejemplares, son medidas risibles que ofenden? ¿Por qué un gobierno olvida su obligación principal de defender los derechos de los usuarios, como la ASEP? ¿Qué hay detrás?

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.