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03 de Apr de 2020

Redacción Digital La Estrella

Opinión

La sociedad civil debe manifestarse desde ya

Muy lejos de proteger el ‘derecho’ de un grupito minúsculo a sufragar una cuña comercial injuriando la reputación de un candidato presid...

Muy lejos de proteger el ‘derecho’ de un grupito minúsculo a sufragar una cuña comercial injuriando la reputación de un candidato presidencial, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intentó imponerse como la máxima autoridad en las elecciones venideras.

Muy lejos de adecuar los impuestos a los ingresos netos de cada ciudadano, las reevaluaciones catastrales promovidas por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, que en nada le aumentan esos ingresos a nadie, son un intento de arrebatarle a esos ciudadanos los terrenos donde viven.

Muy lejos de un ‘error’, la balacera a inocentes civiles en Villa Zaíta tiene todas las característica de haber sido un frustrado intento de secuestro; y cualquier autoridad que patrocine lo contrario automáticamente se hace sospechosa de encubrimiento.

Muy lejos de mejorar la impartición de justicia, la solitaria condena de una magistrada del Tribunal de Azuero y Los Santos, por el ‘delito’ de violar un reglamento de oficina ideado por el presidente de la CSJ, prohibiendo que cualquier funcionario se lleve trabajo a casa para acelerar su trámite, y la posterior petición de la procuradora general de cuatro años como castigo, es un claro ensayo de la CSJ de un ardid que les permita manipular a su antojo a cualquier funcionario del Poder Judicial.

Por consiguiente, la sociedad civil debe apoyar abrumadoramente, desde ya, la decisión del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de exigir la renuncia del magistrado Moncada Luna, así demostrándole al gobierno que la máxima autoridad en un país democrático es dicha sociedad, y no una camarilla como la que últimamente ha estado gobernando en Panamá a base de engaños.

La Doctrina Social de la Iglesia Católica señala que, cuando la injusticia predomina en cualquier agrupación gubernamental o privada, los afectados tienen el sagrado derecho de demostrar su inconformidad por medio de una huelga; y la forma de ejercer ese derecho en el caso de un país, es decretando una Huelga General, de duración parcial o total según lo ameriten las circunstancias.

No es necesario que el CNA haga solicitud alguna; basta que la mayoría de las agrupaciones civiles considere necesario el respaldo pacífico a cualquier exigencia ineludible, para proceder acorde; pero esto debe hacerse lo más pronto posible, si se desea evitar que dicha camarilla alegue que tal exigencia procede de una minoría que intenta sembrar el desorden y que seguramente ‘requeriría’ la imposición de un control policial de las elecciones del año venidero.

Quedarse sentados de brazos sería una clara invitación a los mafiosos gobernantes a intentar imponernos un gobierno igualmente deshonesto y sanguinario por un tiempo indefinido, como ya lo demostraron con las cruentas represiones que dejaron docenas de muertos, inválidos y heridos a numerosos adultos y niños en Changuinola en 2011, y en las Comarcas Indígenas y Colón en 2012.

Desde ya hay que demostrarle a la comunidad internacional que dicha mafia se equivoca, si cree que, despilfarrando los fondos del Estado en millonaria y constante propaganda gubernamental, y reprimiendo cualquier protesta, puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. No demostrarlo por miedo a afectar el crecimiento de nuestra economía equivale a consentir una situación que irremediablemente nos conducirá a peores desgracias, tal como sucedió al finalizar la dictadura militar norieguista.

*JUBILADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE EE. UU.