Canal y Deuda Pública

Si hace unos meses, a los retrasos en la ampliación del Canal los rodeaban rumores que llamaban a preocupación, ahora, al comprobarse su veracidad, son motivo de justificada alarma. Primero se dijo que el retraso era de unos seis meses, pero ahora ha quedado en claro que podría ser de un año y, hasta incierto. Lo grave no es que el cronograma inicial no se cumpla, sino todo lo que encubren las explicaciones, para nada claras, de las razones que lo han motivado el retraso y las repercusiones políticas y económicas.

Cuando se adjudicó el proyecto de la ampliación, los responsables de la ACP, encabezados por el Sr. Alberto Alemán Zubieta, celebraron que el precio ofrecido por el consorcio Unidos por el Canal fuera de 5,280 millones, incluidos imprevistos. Estimaciones externas lo calculaban más cerca de los 7,000 millones. El consorcio norteamericano que llegó en segundo lugar situaba su precio en medio de ambas estimaciones.

Hoy es un hecho que el consorcio Unidos por el Canal, que tiene como principal participante a la española Sacyr Vallehermoso, enfrenta serios problemas para cumplir con el contrato. En España, tiene problemas financieros y la ACP ha anunciado que será penalizada con una multa de unos 300,000 dólares, por cada día de retraso en la entrega de la obra.

Por su parte, la empresa se defiende acusando a la ACP de ser la responsable del retraso, por no haber aprobado, oportunamente, las mezclas del concreto que podía utilizar. Pero, además, ha demandado o está en vías de demandar para que se la resarza por los perjuicios sufridos, por un monto superior a los 600 millones de dólares.

Cualquiera sea el desenlace de esos reclamos, que se decidirán mediante un arbitraje internacional, lo que sí queda en claro es que no habrá canal ampliado en el 2014 ni en el 2015; que el costo del proyecto sobrepasará, en mucho, las estimaciones optimistas de la ACP; y que los ingresos esperados de la explotación del Canal ampliado, que han sido uno de factores de que se ha valido el gobierno actual para disparar el endeudamientos público, no llegarán en las fechas esperadas.

Nuestro envidiable crecimiento económico, en gran medida, se ha financiado con deuda, contratada por el gobierno central, que se contabiliza en 17,000 millones de dólares o por mecanismos que la esconden, como los proyectos ‘llave en mano’ o las emisiones de bonos por entidades como Tocumen, S.A. o la empresa Autopistas Nacionales, S. A., al final, no importa el subterfugio que se utilice, la tendremos que pagar.

En el financiamiento de la Deuda Pública existe lo que se conoce como ‘la prima de riesgo’, que se calcula tomando como referente el costo que paga Alemania por contratar deuda. Así, por ejemplo, si a ese país paga un interés del 2.4 %, la prima de riesgo, para Panamá, es el diferencial entre ese porcentaje y el que pagamos para contratar la nuestra. En términos reales, nuestro país viene pagando tasas muchísimo más altas que las que pagan España o Italia. Su prima de riesgo ronda el 2.3 y el 2.4, respectivamente; la nuestra debe estar por el 6 %, pues pagamos 8 y 9 %. Y en la medida que descienda nuestra tasa de crecimiento y que no se cumplan las expectativas de ingresos que nos han servido de aval para contraer deuda, cada día será mayor.

El asunto no es para abordarlo con la ligereza que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Por su gravedad, debiera ser objeto de un análisis mucho más serio y urgente, de parte de los sectores académicos, empresariales, los colegios profesionales del ramo y los partidos políticos.

PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE.