Otra vez sobre nuestra memoria histórica

R eviso nuevamente mis concepciones sobre la necesidad de la captura y preservación disciplinada de la memoria histórica de la Nación. No esa memoria impresa con colores y fotografías bonitas que sirven para resaltar la labor de un grupo de funcionarios pasajeros. Me refiero a los hechos que cambian un momento. Los que son decisivos. Los que ponen por delante los mejores intereses de la Patria y su futuro.

Cada cierto tiempo no me deja dormir la idea de que lo que pensamos y lo que conocemos como nuestra línea histórica base, no es lo que creemos. Ni siquiera se acerca a la realidad. Es decir, lo que nos trae a este momento y los retratos que lo ilustran, están amañados. Intervenidas por la mano conveniente de uno o varios interesados en que no se sepa claramente lo sucedido, en muchas de las instancias definitivas que nos tienen en este 2014 viendo como echamos este país para adelante.

Se que es así, pero no me deja de ruborizar el hecho de que, probablemente, nuestra historia es mucho más rica de lo que sabemos. Con detalles de valentía, arrojo y decisión mucho más apasionante de lo conocido. Y sí, con sus momentos de indecisión y cobardía. Todos esos elementos son válidos. Existieron, nos han permitido ser, pero hubo quienes en un momento determinado, pensaron que era necesario no contarlo.

Quien escribe la historia de estos tiempos tendrá muchos problemas en transcribir de una manera axiomática y convincente para las futuras generaciones, los hechos tal cual ocurrieron. No importa a qué evento se van a referir para exponerlo conjuntamente con otros hechos que ocurrieron durante el mismo hilo de tiempo. Las fuentes primarias y secundarias no son confiables.

No son de confiar las declaraciones de los funcionarios, encauzados por sus relacionistas públicos y sus asesores de imagen. Pero peor aún, han perdido la vergüenza y el temor al descrédito histórico. No son confiables los medios masivos de comunicación que se han convertido en actores y parte de la historia. Hace décadas, los diarios constituían una fuente irrefutable de información. Sus periodistas y editores guardaban celoso respeto por su oficio. Hoy intervienen directamente, manejan y manipulan los eventos y por consiguiente, reformulan el momento en detrimento de la pureza histórica.

¿Será que la historia nos ponga en su justa dimensión?, por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió en este tiempo con respecto a la cantidad de dinero del Estado que circuló, pero que el país no pudo resolver los niveles de pobreza y necesidad intolerables que existía? ¿Será que en el tiempo de la historia podamos entender por qué se gasta tanto dinero en politiquería, publicidad y engaño, mientras en sistema educativo y de salud requieren de mayores aportes para su desarrollo y mejoramiento?

Sobre los acontecimientos recientes hay dudas de muchos que cuestionamos las motivaciones en la manifestación de hechos que, si fuesen presentados escuetamente y sustentados, permitirían un análisis independiente de cada individuo o grupo de la sociedad. Pero de los recientes eventos ya hay lecciones, a pesar de que aún estamos por conocer toda la verdad, si es que tendremos ese privilegio algún día.

Debe ser obligatorio, amparado por la Ley, que todos los funcionarios cuyos cargos los compromete significativamente a tomar decisiones críticas en nombre de la nación en el ejercicio de sus funciones, sean sometidos a un proceso de ‘descargo informativo oficial y relacionado’, para conocer los acontecimientos y hechos que se dieron en el proceso de los eventos o actos que gestionaron.

Para que el presidente de EE. UU. pudiera retener el uso de su teléfono BlackBerry, tuvo que modificarse por razones de seguridad informática, pero ante todo, por razones contenidas en el Acta de Archivos Presidenciales de 1978, (Presidential Records Act (PRA) of 1978). Esta acta dispone precisamente que toda información que el presidente genera en el ejercicio de sus funciones, forma parte de sus archivos presidenciales. Hay reservas a esta acta que permiten mantener los documentos bajo restricciones de uso público por hasta doce (12) años después de que haya finalizado el periodo presidencial.

Por el bien de la memoria histórica de esta Nación, deberíamos contar con los mecanismos administrativos necesario para garantizar que cada funcionario rinda declaraciones —en detalle— de sus actos a favor o en detrimento de la nación. Si esto fuera requisito indispensable para ocupar posiciones de responsabilidad en la administración gubernamental del Estado, muchos se cuidarían de negociar o prometer prebendas a propios y extraños, con los recursos del Estado, incluyendo su influencia oficial. No tienen que recordarme que ni siquiera cumplen con la obligación de declaración jurada de bienes.

En un país de juegavivo, les parecerá tonto a más de cuatro esta propuesta. Nuestro país es muy inmaduro para implementar acciones como la mencionada, con el fin de capturar y proteger su memoria histórica. Pero, independientemente de eso, todos los funcionarios deben entender que la información que manejan y protegen es propiedad del Estado panameño y es un acto de responsabilidad y de patria entregársela a las arcas históricas de la nación. Si lo actuado es crítico y comprometedor hoy, pero se realizó para proteger los intereses del país, ciertamente la historia entenderá. Con esto en mente, actuarán en estricto deber hacia los intereses de la Nación y los historiadores del futuro los retratarán en su justa dimensión.

COMUNICADOR SOCIAL.