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23 de Apr de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Abogados, idoneidad y administración de justicia

El concepto de idoneidad para el ejercicio de una profesión involucra que un organismo ajeno a quien emite la acreditación académica nos...

El concepto de idoneidad para el ejercicio de una profesión involucra que un organismo ajeno a quien emite la acreditación académica nos pueda valorar para el otorgamiento de una herramienta de trabajo, que nos permite hacer de nuestra profesión un modo de vida. Por idoneidad debemos entender adecuación que existe entre las características de una persona o cosa y la función, la actividad o el trabajo que debe desempeñar.

Para el año 2001, el Pacto de Estado por la Justicia en su informe, entre las recomendaciones que contenía dicho documento aparece: La aplicación de un examen de suficiencia académica profesional como requisito para ser Abogado. Este examen se aplicará por una Junta Examinadora adscrita al Consejo Judicial, esta iniciativa a evidenciado desde aquella fecha, dos intentos por materializarse, sin embargo, por diversas razones no ha encontrado la convicción necesaria para su aprobación e implementación.

Lo cierto, es que un nuevo intento se presenta como iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y trae consigo las reflexiones que hacen necesario debatir razonadamente; el porqué los abogados tenemos que enfrentarnos a procesos de certificación y calificación de nuestras capacidades técnicas, a mi parecer entre otras se debe destacar que somos los profesionales del Derecho los únicos que podemos accesar a los cargos de magistrados, jueces, fiscales y a las principales posiciones dentro del engranaje judicial, que tiene la responsabilidad de administrar justicia; criticar el sistema judicial y no aportar a su mejoramiento estructural y no cosmético, obviamente es construir castillos en la arena.

Si para el año 2001 ya era una necesidad, 13 años después podemos imaginar que su requerimiento ya es un grito desesperado por la ciudadanía que requiere confiar en las capacidades técnicas de los administradores y colaboradores de la justicia. Es conocido por todos, que los conocimientos otorgan independencia de criterio; que es uno de los elementos para garantizar la independencia judicial. Nuestro país ha evolucionado de manera notable y la formación jurídica igualmente, quizás sea momento de que los egresados de las diversas universidades del país puedan orientar el enfoque en el cual quieren especializarse y se pueda entender que la carrera judicial debe ser profunda y basta, no tanto en la colección de certificados o diplomas, sino el manejo correcto de los conocimientos en las diversas áreas del Derecho.

Lo que en un ámbito jurídico profesional debe imperar es el manejo de los conocimientos y su aplicación a las realidades prácticas que los desafíos sociales nos traen diariamente; armonizados con la eficiencia administrativa del sistema judicial, nos puede permitir construir un mejor futuro. No podemos dejar de lado que el ámbito privado se debe ordenar y organizar el ejercicio de la profesión de abogados, con idoneidades que sobrepasan los 18,000 es importante estructurarnos de una forma más eficiente y mirar la nueva realidad, destacando que el rol de colaborador de la justicia que hacemos los litigantes se ve reflejado en la calidad del servicio que prestamos.

Este aumento de profesionales del Derecho hace necesario preguntarnos si es oportuno separar a los que actúan ante los tribunales de quienes no lo hacen y de quienes administran justicia; en otros países se diferencia quien asesora de quien litiga y se hace carrera judicial o pública posterior a terminar una licenciatura en Derecho, todo dependiendo de la vocación del individuo, si cada uno requiere una idoneidad especializada, esto quiere decir que las capacidades y aptitudes a evaluar son diferentes en cada rol según corresponda.

Al estudiar el tema de las idoneidades y la educación continuada nos percatamos de que existen amplios criterios para visualizarlo y no reducirlo a un tema de controversia sino de estudio y propuestas; en los últimos años hay avances, la Universidad de Panamá y otras agregaron un requisito de idoneidad a sus docentes, exigiendo un postgrado en Docencia Superior para quien imparta clases, reafirmando que hay labores que requieren una especialización en los conocimientos, tanto funcionarios como abogados particulares tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra profesión sea timbre de orgullo, que resuene en la sociedad por nuestras propias iniciativas y no por discusiones que no llegan a ningún puerto seguro.

En conclusión, es momento para que las idoneidades abogadiles dejen de ser un tema de completar documentos y pasen a evaluar capacidades y aptitudes, los abogados sabemos que hay una necesidad urgente de que la administración de justicia mejore, y también debemos mejorar todos sus actores por igual, certificarnos nos aumenta nuestras posibilidades de ejercer una mejor tarea en cualquier aspecto, los abogados, si dejamos de estudiar cada día, somos menos abogados; poner a prueba nuestros conocimientos no debiese ser un tema que genere conflictos, sino propuestas.

DOCTOR EN DERECHO.